El exalcalde de Rota benefició a una constructora a cambio de contratos para sus empresas

Las nuevas imputaciones que salpican al Gobierno local de Rota (PP-RRUU) y alcanzan al de Chipiona (PP) están precedidas por un informe de la Guardia Civil que detalla numerosas irregularidades en la construcción del aparcamiento de La Merced.

Una obra polémica que para los investigadores del Instituto Armado generó un perjuicio a las arcas públicas y que sólo tiene una explicación posible: beneficiar al grupo empresarial Felipe Castellanos, que a su vez contrataba con las empresas del exregidor de la localidad roteña, Lorenzo Sánchez.

Este periódico ha tenido acceso al atestado elaborado por el equipo de Delincuencia Urbanística de la Comandancia de Cádiz que había solicitado la jueza instructora cuando el pasado mes de julio abrió diligencias. Los agentes señalan de manera indiciaria que la adjudicación a dedo de la construcción de este equipamiento e incluso la forma en la que se desarrollaron los trabajos podrían ser constitutivas de delitos de cohecho, prevaricación y fraude.

Señalan en su escrito como posibles autores al entonces alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez; a Eva Corrales que era delegada de planeamiento urbanístico; a Antonio Peña, que ejercía de responsable de urbanismo y a la empresa constructora que realizó la obra. La jueza los ha citado a todos ellos, también al actual gerente de ese grupo empresarial, hijo del fundador, y al arquitecto que realizó el proyecto del parking.

Para la Guardia Civil, este aparcamiento fue sólo un vehículo para que la constructora consiguiera una parcela municipal ubicada en la zona de expansión del municipio y en la que estaba muy interesada; "por lo que su representante concertó con el entonces alcalde, Lorenzo Sánchez, un plan para conseguir la adjudicación sin pasar por ningún trámite de concurrencia competitiva".

Y para ello necesitó de la colaboración de los dos ediles que tenían las competencias de urbanismo y planeamiento, Antonio Peña (actual alcalde de Chipiona) y Eva Corrales (regidora que sustituyó a Lorenzo Sánchez).

Un plan para favorecer a una empresa

Ese plan, indica el Instituto Armado, comienza a fraguarse en marzo de 2006 cuando Sánchez lleva a la Junta de Gobierno local un borrador de convenio urbanístico por el cual el Ayuntamiento entregaba esa parcela a la constructora a cambio de una finca anexa al lugar donde se iba a construir el parking.

Para compensar la diferencia de precio entre los terrenos de los que se desprendía el Consistorio (valorados en 2.352.426 euros) y los que recibía de la empresa (tasados en 1.081.822), el borrador incluía la adjudicación de los trabajos de construcción del aparcamiento a la citada empresa. Si bien la ejecución de esa obra (presupuestada en 1,7 millones) no se cubría con esa diferencia y el Ayuntamiento tuvo que abonar más de medio millón de euros a la constructora.

El gran beneficiado en esta operación urbanística era el grupo empresarial porque se hacía con unas obras sin competir en un concurso público y, además del pago en metálico, recibía una parcela que valía más del doble de la finca que tenía en el casco antiguo.

Todo ese proceso que concluyó en 2007 con la inauguración del aparcamiento está cuajado de irregularidades para los investigadores del equipo de Delincuencia Urbanística. El convenio no contaba con un informe económico y jurídico, "pese a que conllevaba una obligación de pago del Ayuntamiento. La razón de que no existiera es que no había consignación presupuestaria para hacer esa obra".

El convenio contó con el voto favorable y unánime de la Junta de Gobierno local a pesar de que el secretario advirtió que era necesario iniciar un expediente de permuta al verse afectado patrimonio público en la operación.

Advertencia de la Junta

Fue en ese momento cuando intervino la Junta, que pidió al Consistorio que le remitiera el expediente de permuta. Según consta en el atestado policial, la Administración autonómica lo reclamó en varias ocasiones advirtiendo al Ayuntamiento roteño que está prohibido enajenar bienes inmuebles a cambio de obras- "Pero no se le envió porque no existía".

Estas advertencias no impidieron que el proyecto y las obras comenzaran sin contar ni siquiera con licencia. El permiso municipal se solicitó nueve meses después de que las máquinas comenzaran a trabajar y bajo el epígrafe de obra particular y no municipal; pese a que ésta estaba siendo sufragada con dinero y patrimonio público.

Cúmulo de irregularidades

Dentro del cúmulo de irregularidades, la Guardia Civil destaca cómo se adjudicó la redacción del proyecto por 71.000 euros a un arquitecto, que resultó estar en nómina del grupo empresarial y sin que tampoco se respetara la ley de contratos públicos. Los investigadores concluyen que el beneficiario último de esa adjudicación fue Felipe Castellanos.

En 2011, dicho convenio fue anulado por un juez de lo contencioso-administrativo, pero ya con las obras ejecutadas y el aparcamiento en pleno funcionamiento.

La Guardia Civil concluye que esa sucesión de irregularidades sólo pueden tener una explicación posible: el interés del entonces alcalde por beneficiar a unas empresas con las que hacía negocios.

"La actuación llevada por el alcalde, tendente a beneficiar a Promociones Castellanos, se entiende perfectamente cuando se constata que durante los años en los que se han firmado estos convenios, las empresas participadas por Lorenzo Sánchez han recibido importantes contraprestaciones económicas por parte del grupo empresarial".

Los agentes se apoyan en un informe de la Agencia Tributaria que había solicitado el fiscal anticorrupción en la otra investigación que también instruye el juzgado de Instrucción nº 1 de Rota por tres convenios firmados entre ese grupo empresarial y el Consistorio.

El citado informe, avanzado en octubre por este periódico , señala que Felipe Castellanos contrató servicios de las empresas Epis Rotasur, Coanda y Pacheco y Puyana (todas ellas relacionas con Lorenzo Sánchez y su mujer) por importe de 383.737 euros, según consta en diversas facturas que están aportadas al procedimiento.

Esa facturación se produce entre los años 2007 y 2010, justo después de la construcción del aparcamiento y durante la firma de los otros convenios bajo sospecha.