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Nieto ha sido esta legislatura la portavoz de Fomento y Vivienda de IU en el Parlamento - Antonio Vázquez
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«Las cifras de desempleo en la provincia no se pueden achacar a la crisis»

Inmaculada Nieto. Número uno de la candidatura de IU por la provincia de Cádiz al Parlamento Andaluz

Antonio M. de la Vega
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Izquierda Unida se resiste a creer en las encuestas y apura estos últimos días de campaña para reencontrarse con un electorado que, en gran parte, no le perdona haber sido partícipe de determinadas políticas de su socio de Gobierno en la Junta durante esta legislatura, el PSOE. Inmaculada Nieto encabeza la lista del partido en Cádiz. Ya es parlamentaria y, asegura, le queda todo por hacer.

-Defienden tres ejes fundamentales en su programa electotral: Empleo, defensa de lo público y derechos sociales. Yendo al primer punto, ¿qué medidas concretas proponen para rebajar las cifras del paro en Cádiz?

-Estamos hablando del cambio del modelo productivo. El actual nos ha llevado a una situación de paro estructural. Las cifras de desempleo de nuestra provincia no se pueden achacar exclusivamente a la crisis, aunque las ha empeorado. No se han tomado las decisiones necesarias para que la provincia aproveche su potencial y tenga un empleo sostenido y de calidad en el tiempo. No se ha luchado contra la estacionalidad turística, a pesar de que tenemos atractivos para consolidar una oferta turística durante todo el año; se ha desmantelado nuestro tejido industrial, sin el que es imposible que nuestra provincia recupere unos índices de empleo con garantías de futuro. Por tanto un plan de reindustrialización es más que urgente en la provincia de Cádiz. Además, tenemos suelo, tenemos el capital humano preparado. Y también necesitamos un fortalecimiento de la agricultura, recuperando los canales de distribución.

-¿Qué incentivos proponen para favorecer la llegada de nuevas industrias?

-Lo primero que hay que hacer es atinar con las medidas que se adoptan. Hay que dejar de empeñarse en proyectos que están en vía muerta y empezar a concentrar esfuerzos en los que podrían empezar de manera inmediata. Por otra parte, hay incentivos que no son directamente a la producción, sino a aliviar los costes fijos que suponen para una empresa instalarse o mantenerse aquí. Ahí tenemos el peaje de la autopista, que pesa como una losa sobre la economía gaditana, y al que ahora se obliga al empresariado a utilizar para sacar su mercancía. Ha habido una dispersión que no ha ayudado a nada y ha faltado respaldo del Gobierno central. Hay un empecinamiento en el proyecto de Las Aletas, mientras que tenemos suelos que están disponibles y preparados para entrar en carga, además de empresas para ampliar carga de trabajo que ya tienen.

-Siendo Cádiz una provincia tan claramente dividida, ¿es posible poner en marcha una estrategia global para su reactivación económica?

-Los ejemplos ya los tenemos sobre la mesa. Ya hay una empresa aeronáutica en Espera que genera más de cien puestos de trabajo, que nace por la proximidad a los astilleros de Cádiz. Tenemos que comprender que la riqueza diferida en el territorio es compartida por todo el territorio. Si mejoramos la conectividad portuaria, tanto de Cádiz como de Algeciras, si contamos con la electrificación de la sección compartida de los corredores mediterráneo y atlántico, si liberamos la autopista, en términos de comunicaciones tendríamos un mapa de vertebración territorial que nos permitiría acabar con un lastre para las empresas. Pero hay que garantizar que aprovechamos la inversión en obra pública. La electrificación del tendido eléctrico entre Algeciras y Bobadilla tiene una tasa de retorno que no estamos en condiciones de calcular, y garantizar la conectividad de nuestros puertos equivale a ponernos en una selecta nómina de ciudades a nivel mundial que pueden garantizar que la producción que se origina o llega allí se pone en los canales de distribución internacional en pocas horas. Pasaríamos a ser uno de los motores que tire de la economía andaluza y estatal.

-Explíqueme a grandes rasgos qué es la Ley de Inclusión Social que propone su partido.

-No nos parece razonable que haya miles de personas que no tienen ningún tipo de recurso que les pueda garantizar sus mínimos vitales, su alimentación, los costes mínimos de su vivienda. Esa situación de emergencia social no puede sostenerse en el tiempo. A juicio de IU los poderes públicos tienen que actuar ante este tipo de situaciones. Por tanto, se impone la implantación de una renta básica que garantice que toda persona sin recursos recibe una ayuda pública con la que poder sortear las dificultades hasta que su situación mejore. Hay recursos para ello. Es una renta vinculada a los ingresos, que se complementa con una labor de intervención social para ayudar a esa persona a volverse a poner en circulación.

-¿Y cómo se sufraga la puesta en marcha de otra ley que proponen, la de suministros básicos vitales?

-Esta ley lo que pretende es que no se puedan producir desahucios energéticos, que ninguna familia por no poder pagar el servicio pueda ser privada del disfrute del agua corriente y de la luz eléctrica. Ya hay ayuntamientos que lo están haciendo. Dinero hay. En estos momentos hay en el presupuesto de la Junta 7 millones de euros para esto, pero derivados a los ayuntamientos, y estas elecciones que no tocaban van a costar 14 millones de euros. Se trata de voluntad política y de prioridades.

-¿Qué se les ha quedado en el tintero en materia de vivienda con la ruptura del pacto?

-Se ha quedado el Plan de Vivienda y Rehabilitación, la puesta en marcha de los planes de rehabilitación para las barriadas vulnerables. Lo más doloroso es que tengamos la Ley de la Función Social de la Vivienda recurrida en el Constitucional, con un informe falso del Gobierno, por cierto. Esa ley nos permitía proteger a las familias del desahucio y poner sanciones a las grandes constructoras y a los bancos que tienen las casas cerradas a cal y canto y no facilitan los alquileres sociales.

-En su defensa de lo público, ¿son partidarios de recortar los conciertos en materia de sanidad o enseñanza?

-Totalmente. El servicio ha de estar fundamentalmente satisfecho desde lo público, y cuando esté al cien por cien y con todo el personal contratado al cien por cien, se vería si hace falta concertar

-¿Cree que el electorado va a castigar su pacto con el PSOE?

-Nosotros hicimos lo que nuestra militancia consideró mejor. Creo que fue una buena decisión parar al PP en Despeñaperros. Quienes sean de izquierdas y quieran una transformación social de Andalucía, con una redistribución justa de nuestras riquezas, estoy convencida de que se van a decantar por Izquierda Unida.