La Fiscalía mantiene la petición de cuatro años de cárcel para la alcaldesa de Rota

Las dos sesiones del juicio por el 'caso horas extras'no han movido al fiscal anticorrupción de Cádiz a modificar su escrito de acusación en el que pide penas de cárcel para la alcaldesa de Rota, Eva Corrales (PP), el teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez (RRUU) y siete personas más, todas ellas vinculadas de manera directa o indirecta con el consistorio roteño.

La práctica de pruebas testificales y las declaraciones de los acusados no han servido para que el Ministerio Público, que ejerce en exclusiva la acusación en este procedimiento, se replantee sus argumentos; sino más bien para todo lo contrario.

La vista oral quedaba vista para sentencia este martes con las mismas peticiones de penas que desde que acabó la instrucción del caso viene solicitando la Fiscalía de Cádiz.

Recordemos: cuatro años y ocho meses de cárcel y quince de inhabilitación para Corrales; ocho años de inhabilitación para Sánchez; cuatro años y seis meses de prisión para los responsables técnicos de las áreas municipales de Protocolo y Fiestas, el interventor accidental durante los hechos investigados, el exedil del PP y funcionario, Ismael Puyana, y el jefe de personal del Ayuntamiento; dos años para el empleado público que se benefició de las supuestas adjudicaciones irregulares y pena de seis años de inhabilitación especial como cooperadora para su esposa.

Por su parte, la defensa, ejercida por el letrado Manuel Hortas quien representa a los nueve acusados, solicitó la libre absolución para todos. Reconoció que pudo haber irregularidades, errores o imprudencias pero nunca "una intención de saltarse la ley". "No todas las irregularidades conllevan ilegalidades".

Durante dos días se ha debatido en sala si fue legal o no la forma de adjudicación y pago de una serie de trabajos textiles, como bandas para las ninfas de Carnaval, trajes de maceros y colgaduras de balcones que fueron confeccionados por un funcionario del Consistorio adscrito al servicio tributario.

Este empleado municipal llevaba años realizando esos trabajos, antes incluso que entrara a gobernar RRUU. Unos encargos que cobraba con facturas emitidas a nombre de su mujer a pesar de que los trabajos los hacía él.

La losa de las facturas irregulares

Una irregularidad clara que ha quedado de manifiesto en la vista oral y de la que nadie se ha hecho responsable. Ni tan siquiera el propio funcionario, Manuel García, quiso señalar qué persona había tomado la decisión de pagarle con dinero público a través de unas facturas que incluían datos falseados. Aseguró al tribunal que no se acordaba.

La defensa pasó de puntillas sobre este aspecto, sabedora que ningún acusado había ofrecido una explicación lógica de por qué el Consistorio pagaba facturas emitidas a nombre de una persona que nada tenía que ver con los trabajos contratados.

La alcaldesa de Rota, durante su etapa como edil de Fiestas, autorizó varios de esos pagos en unos expedientes donde aparecía el nombre de la mujer del funcionario como destinataria del cobro. Sobre ello, Corrales negó haber leído lo que firmaba.

Para el fiscal, esos encargos constituían unos contratos de suministro que debían de haber sido adjudicados por el correspondiente procedimiento administrativo. Y nunca debieron recaer en la figura de un funcionario porque su condición de empleado público le impide hacer negocios con la Administración para la que trabaja.

El delegado Anticorrupción de Cádiz puso el énfasis en las adjudicaciones de una serie de colgaduras para engalanar balcones de edificios públicos y el castillo de Rota. Todos los encargos sumaban más de 15.000 euros. Según la ley vigente en 2007, esa cuantía debía ser adjudicada a través de un contrato mayor que obliga a la Administración a citar a tres empresas y elegir la mejor. Durante el tiempo investigado, ese procedimiento nunca se habilitó.

A partir de 2007, el Ayuntamiento dejó de pagar a ese funcionario mediante facturas e incluyó esos pagos en su nómina de trabajador municipal como gratificaciones extraordinarias. Ningún responsable técnico y político asumió esa decisión en el juicio. Según la versión del trabajador, él lo pidió al jefe de personal y éste no vio ningún problema.

De 900 a 4.000 euros al mes

A partir de ese momento, el beneficiario de esos encargos, acusado de prevaricación continuada y falsedad, vio crecer su nómina de manera notable. Según consta en las actuaciones, pasó de cobrar un sueldo de entre 900 y 1.000 euros como empleado de la categoría E a percibir mensualidades de 2.500 e incluso 4.000 euros.

En la última jornada del juicio prestaba declaración el secretario del Ayuntamiento, quien está imputado en otros dos procedimientos que salpican al Gobierno local roteño.

Este funcionario defendió el sistema de adjudicaciones, vía encargo a dedo y sin procedimiento administrativo alguno, y la retribución a través de horas extraordinarias. Detalló el contenido de su informe sobre el que se basa la defensa, y que sostiene que la incompatibilidad de un funcionario público no es absoluta y que existe jurisprudencia para que un empleado pueda contratar con la Administración.

El fiscal exprimió en su interrogatorio la declaración que el secretario había ofrecido ante la Guardia Civil en la génesis de la instrucción del caso. En esa primera ocasión que era preguntado sobre las adjudicaciones bajo sospecha reconoció que se "había realizado una interpretación forzada de la norma" para darle encaje legal.

Ante el tribunal, aunque afirmó que no había ilegalidad en los hechos juzgados, admitió que se podían haber realizado "por procedimientos más transparentes".

El informe mencionado este viernes en sala fue redactado por el secretario -"a petición de mi alcaldesa"- (reconoció el testigo) cuando ésta y su equipo de Gobierno estaban siendo investigados.