Hacienda golpea de nuevo en Cádiz

La lucha contra el fraude fiscal en la provincia sigue dando sus frutos después de que el Ministerio de Hacienda ajustara todavía más sus mecanismos de inspección para detectar el dinero negro. La Agencia Tributaria ha logrado sacar a flote en 2014 en la provincia algo más de trece millones de euros que estaban ocultos en IRPF, impuestos de sociedades e IVA. Se trata del resultado de una primera fase de control sobre declaraciones de contribuyentes y empresas que no se ajustaban del todo a la realidad.

La actividad de recuento se centra ahora en otros programas selectivos de comprobación que atañen al sector de la hostelería, a la agricultura, los apartamentos vacacionales y los alquileres sumergidos. La labor de los inspectores ha ido a más en los últimos años en Cádiz.

De hecho, el Ministerio puso en marcha en 2014 el denominado Plan de Intensificación de Actuaciones (PIA), que incentiva a los funcionarios en su empeño por localizar y atajar los pufos. Así, en 2012 se lograron rescatar en la provincia unos 40 millones de euros que estaban fuera del control del fisco, una cifra que alcanzó los 42 al año siguiente, y todo apunta ahora a que el registro de 2014, una vez que concluya el conteo de la segunda fase, será superior al de las ediciones anteriores. Sin embargo, esta tendencia ascendente no se ha repetido en el resto del país, donde la localización de bolsas de fraude sufrió una caída, precisamente, en 2013.

El Gobierno reconoció en su momento su intención de premiar con un plus de productividad a los inspectores que más fraudes y desviaciones detectaran. El objetivo final del Plan de Intensificación de Actuaciones no era otro que incrementar la recaudación en 1.568 millones de euros a lo largo de 2014 en España. El resultado ha sido muy positivo.

Según los primeros datos, el objetivo se ha cumplido, ya que a nivel nacional se ha pasado de los 10.950 millones de euros intervenidos en 2013 a los 12.318 millones de 2014.

La PIA es un sistema de retribución de la productividad extraordinaria cuya adhesión es voluntaria y a título individual. Para recibirla, los funcionarios deben aumentar los ingresos un mínimo del 12% sobre el objetivo previsto y un máximo del 17%. El plan también conlleva actuaciones de prevención y control del fraude por encima de las ordinarias.

Su aplicación ha logrado remover la economía sumergida gaditana, sin embargo, queda aún mucho trabajo por hacer para controlar los 5.800 millones de euros que se mueven en la provincia a espaldas del fisco. Este escenario ha llevado a los Técnicos del Ministerio de Hacienda, agrupados en el sindicato Gestha, a advertir que el resultado, aunque satisfactorio, es una gota en el océano. No obstante, reconocen la mejora de los resultados en la lucha contra el fraude fiscal presentados por el director de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, si bien lamentan que apenas suponen el 23,3% de toda la evasión fiscal anual, lo que significa que más de las tres cuartas partes del fraude queda impune.

Por tanto, esos 12.318 millones recuperados en 2014 en España, aunque representan un avance del 12,5% respecto al año anterior, y de un 7% más que en 2012, no son suficientes para frenar en España la escalada de la economía sumergida, que alcanza el 24,6% del PIB, más de 253.000 millones de euros.

Más coordinación

El sindicato Gestha considera que Hacienda puede multiplicar por cuatro sus resultados para empezar a ganarle terreno a la economía sumergida, a través de estudios oficiales de economía sumergida, control parlamentario de sus actuaciones, bases de datos compartidas entre la Agencia Tributaria y las Haciendas autonómicas, y aumentar las responsabilidades y competencias de la plantilla en la lucha contra la evasión tributaria.

Reclaman emplearse más a fondo en la investigación de los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012. Los técnicos ven positivo el hecho de que se haya iniciado la comprobación de 705 contribuyentes con indicios de blanqueo de capitales. Sin embargo, tal y como solicitaron en 2012, esta comprobación debe extenderse a la totalidad de los 31.000 contribuyentes acogidos a la amnistía, puesto que esta primera tanda de 705 personas que pudieron blanquear capitales gracias a esta polémica medida representa solo el 2,3% del total de los amnistiados.

En el caso de Cádiz, la Agencia Tributaria hace lo que puede para tapar agujeros. Así, 13 inspectores (8 de la Delegación de Cádiz y 5 de Jerez) y 24 técnicos de Hacienda (19 de la oficina de Cádiz y el resto de la Delegación de Jerez) se encargan de poner coto al fraude.  

En 2014, LA VOZ publicó como la Agencia Tributaria había reforzado el control sobre las declaraciones de IVA y del Impuesto de Sociedades y además puso especial énfasis en el plan contra la economía sumergida, que se plasmó en inspecciones ‘in situ’ en eventos de relevancia como la Feria de El Puerto y el negocio hostelero que arrastra el Campeonato Mundial de Motociclismo que discurre en el Circuito de Jerez. El objetivo de los inspectores no era otro que solicitar facturas y documentación de los trabajadores y cotejar si lo reflejado en sus declaraciones correspondía con la realidad. El resultado de la inspección es evidente.