El fiscal denuncia que Peinado negó información a la oposición desde 2011

La alcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado (PA), debe hacer frente a un segundo asunto judicial. La Fiscalía de Cádiz la ha denunciado por un presunto delito contra los derechos cívicos al impedir de manera «reiterada» y «persistente» la labor de oposición denegándole información.

La acción del fiscal viene precedida de una denuncia formulada por la concejala del PSOE, Ana Mosquera, quien entregó al fiscal en junio del año pasado un dossier con todas las peticiones de información elevadas al Gobierno local que no habían sido atendidas.

Tras meses de investigación, en los que el Ministerio Público citó a la alcaldesa para que pudiera responder al contenido de la denuncia, el fiscal concluye que la regidora andalucista ha obstaculizado de manera reiterada y sin justificación el trabajo de la oposición y envía el caso a losjuzgados puertorrealeaños para que abran diligencias.

El delito por el que podría ser condenada Peinado está castigado con una pena que la podría apartar de la Alcaldía en caso de revalidar victoria en los próximos comicios municipales. Entre doce meses y cuatro años de inhabilitación recoge el Código Penal.

Este periódico ha tenido acceso a la denuncia, que enumera solicitudes de información, acceso a numerosas facturas de gastos municipales y peticiones realizadas en plenos municipales. Las más antiguas son de octubre de 2011, cuando Peinado no había cumplido ni seis meses al frente de la Alcaldía que logró arrebatar al histórico José Antonio Barroso (IU).

Gastos "en un conocido restaurante"

Algunas de las cuestiones que no han tenido respuesta, según recoge el fiscal en su denuncia, es el listado de beneficiarios de las ayudas sociales y de aquellos que han dejado de percibirlas; la declaración de bienes y las actividades del personal de confianza del Ayuntamiento para detectar posibles incompatibilidades o el motivo de los gastos "en un conocido restaurante puertorrealeño".

En otros casos, explica el Ministerio Público, el acceso a la información se produjo cuando el Ayuntamiento conoció que se habían abierto diligencias. Aquí se encuadrarían una serie de facturas por gastos institucionales.

En otros, el Ministerio Público critica la tardanza en la respuesta ofrecida por el Ayuntamiento. "Huelga señalar que para que el ejercicio de las tareas que la oposición lleva a cabo en las entidades locales resulte efectivo, es esencial que no se produzcan dilaciones".

La denuncia recoge numerosa jurisprudencia de sentencias anteriores y una cita del Supremo, que el fiscal hace suya, al calificar este tipo de conductas como "una acción gravemente censurable que atenta a un principio básico en el sistema democrático".

Precedente con los mismos partidos

En la provincia hay un precedente de cargo público condenado por denegar información a un partido de la oposición. Los protagonistas, también del PA y del PSOE; aunque en ese caso, denunciado en Los Barrios, los papeles se cambiaron.

En 2010 era condenado a dos años y seis meses de inhabilitación el exregidor socialista Alonso Rojas por ocultar información al PA.

Fuera de la provincia, en Sevilla, el exalcalde de El Coronil, José Antonio Núñez (IU), fue sentenciado en 2013 a doce meses de inhabilitación por denegar sistemáticamente información a los grupos de la oposición.

Recientemente, el Grupo Municipal Socialista de Gandía (Valencia) ha recurrido también a la Fiscalía para denunciar las mismas trabas que sus compañeros de Puerto Real pero en este caso del Gobierno local ejercido por el PP.