Las adjudicaciones irregulares continuaron pese a la investigación judicial

Ni las imputaciones, ni las portadas con las fotografías de los miembros de la Corporación local entrando en el juzgado para prestar declaración ni tampoco la difusión de los avances en las diligencias iniciadas en 2012 frenaron la práctica de adjudicar contratos de suministros a las empresas vinculadas al exalcalde de Rota, Lorenzo Sánchez y a la de sus amigos.

En el auto adelantado por lavozdigital esta mañana, la instructora María Teresa Cuberos enumera las adjudicaciones irregulares aprobadas por el Gobierno local de Rota desde que era Lorenzo Sánchez regidor en 2003 hasta la presente etapa con Eva Corrales al frente de la Alcaldía.

Dos de ellas se aprobaron el año pasado, cuando el 'caso uniformes' era de dominio público y ya había trascendido a los medios que las empresas Coanda Costuras S. L.U. y otras estaban siendo investigadas por pertenecer a cargos públicos del municipio.

Así, la Junta de Gobierno local aprobó el 5 de marzo de 2014, a propuesta de la delegada de Fomento Económico, María del Carmen Laynez (una de las imputadas) la adjudicación de un contrato de 7.829 euros a Coanda Costuras.

En el auto se indica cómo a la hora de votar, Lorenzo Sánchez y su concejal Montemayor Lainez se ausentaron. Ambos constan como dos de los socios de esa mercantil, heredera de la cooperativa que montaron junto al exedil Antonio Alcedo y la esposa del exalcalde.

La propuesta salió adelante con el voto favorable de la alcaldesa, quien en su declaración como imputada negó conocer cuáles son los negocios de su socio de Gobierno. Este contrato que recaía en una sociedad del exalcalde, edil en funciones de la Corporación local, no contó con el reparo del secretario del Ayuntamiento, Juan Carlos Utrera, a quien la jueza acusa de prevaricación y de cometer un delito de gestión interesada como cooperador.

Dos contratos en tres meses

Tres meses antes de esa adjudicación, el Ayuntamiento ya había favorecido a Coanda Costuras con otra adjudicación de prendas de trabajo por importe de 18.149 euros. Se había aprobado mediante un procedimiento negociado sin publicidad. Se llevó a la mesa de contratación a propuesta de la alcaldesa.

La jueza señala en su auto que a pesar de que ya sabían o podían tener sospechas de que detrás de esa empresa estaba su socio de Gobierno y una concejala de la Corporación, Corrales firmó el contrato. El día de la rúbrica, el hombre de paja de Lorenzo Sánchez fue quien se presentó como representante de la sociedad.

Denuncia del periódico

Este periódico denunció el 20 de marzo de 2014 , días después de que fuera adjudicado el segundo contrato a la empresa bajo sospecha, que la Corporación local seguía autorizando encargos a la red empresarial de su segundo teniente de alcaldesa. El PSOE pidió explicaciones y no obtuvo respuesta.

Pero fue incorporada por la Fiscalía Anticorrupción en las actuaciones y casi un año después, con el cierre de la instrucción, la jueza valora esos contratos como una prueba de que la cúpula del Gobierno local seguía saltándose la ley, adjudicando a sociedades del exalcalde, en pleno desarrollo de la investigación judicial.

Pagándose a si mismo

El uso del Ayuntamiento como vehículo para hacer negocio pudo provocar situaciones tan surrealistas como la del entonces alcalde y su concejala Montemayor Laynez autorizando pagos con dinero público a favor de su propia empresa. La jueza subraya cómo ambos firmaron numerosos pagarés y cheques para abonar suministros a la sociedad Coanda Costuras S.L.U.; es decir, a si mismos.

La ley de Contratos del Sector Público impide a alcaldes, concejales, funcionarios y a sus cónyuges celebrar contratos con la Administración. La jueza sostiene que para esquivar esa normativa, Lorenzo Sánchez, su esposa, el exedil del PP y también funcionario Ismael Puyana, su esposa, y la concejala de RRUU, Montemayor Laynez simularon ventas ficticias de sus participaciones en las empresas bajo sospecha a favor de un hombre de paja, Isidro Bejarano, un hombre del círculo más estrecho del exedil.

Para llegar a esa conclusión, la instructora ha tenido en cuenta no sólo la declaración de los trabajadores que no reconocían al hombre de confianza de Sánchez como a su jefe y sí lo señalaban a él, a su mujer o a Laynez, como los que daban las órdenes.

En 2009, tres años después de que Rosario Pacheco, la esposa de Lorenzo, supuestamente vendiera su parte de la sociedad Pacheco y Puyana S. L. al hombre de paja, esa sociedad solicitaba un préstamo. Como avalistas, sin embargo, aparecen los matrimonios Sánchez-Pacheco y Rodríguez-Puyana.