Un conflicto laboral sofocado con millones del contribuyente

La gestión del conflicto Delphi estuvo marcado por el contexto de año electoral en el que se produjo el cierre de la factoría puertorrealeña. Los compromisos adquiridos por la Junta de buscar una salida laboral al colectivo de trabajadores están dentro del saco de promesas que se lanzan en un periodo sensible para las fuerzas políticas.

En el primer trimestre de 2007 se produjo el cierre de la fábrica, a pocos meses de unas elecciones municipales y un año antes de los comicios autonómicos y generales. Un momento muy similar al que se vive en este 2015, en el que se van a decidir los mapas de los ayuntamientos, la Junta y el Gobierno de la nación. Son años de promesas.

Esta coincidencia de fechas ha sido determinante para la gestación y evolución del protocolo de acciones encaminadas a la recolocación de los despedidos y cómo ese programa, con los años, se ha demostrado completamente ineficaz y costoso para el dinero del contribuyente. «Hay que recordar que de la Junta no ha conseguido que ni una empresa privada haya absorbido mano de obra de los Delphi. Todo ha salido del bolsillo de los andaluces: los prejubilados con pólizas que paga la Administración o los que entraron en Alestis, una empresa semipública», afirma Isidro Jiménez, uno de los exempleados del grupo de los 400 para los que no ha habido salida alguna.

Pese a las promesas que entonces, por el año 2007, hizo la Junta de Andalucía y el Gobierno central de que habría un futuro laboral para los más de 1.800 afectados por el cierre; el grueso más importante se prejubiló sin regresar al mercado laboral y el otro porcentaje más elevado tiene su representación en el encierro que ha cumplido un año en el edificio de los sindicatos.

El movimiento de protesta y de presión de un colectivo que al inicio rozaba los 2.000 trabajadores se fue desinflando «desde el primer momento», recuerda Isidro Jiménez. La clave estaba en que aquellos que habían cumplido más de 50 años fueron convencidos «desde el propio comité de empresa» que recibirían un retiro dorado: Prejubilados que se iban a su casa con 2.600 euros al mes en muchos casos. Pero a esa meta se llegaba sin armar demasiado jaleo.

En este grupo entró, por ejemplo, el presidente del comité de empresa, Antonio Pina, miembro de CCOO que acabó afiliándose al PSOE.

A los que no llegaban por edad a ese acuerdo, estuvieron cobrando el paro, más un complemento aportado por la Administración regional que les permitía recibir unos ingresos similares a los que estaban ganando cuando trabajaban.

Cobrar por recibir cursos

Cuando los dos años de prestación de desempleo concluyeron y ese periodo no podía prolongarse porque es ilegal, los que seguían en activo empezaron a cobrar por recibir cursos de formación. Una fórmula irregular que ya ha sido denunciado por la Inspección de Trabajo y está en manos de Alaya.

«En la última etapa, los que seguíamos dando guerra persiguiendo a los políticos en cada evento, nos mandaron a casa para hacer una formación de vergüenza ‘on line’», recuerda este exempleado de Delphi. En lugar de incentivar la contratación, el dinero público se invirtió en mantener los ingresos de un colectivo cada vez más solo en apoyos dentro y fuera. En 2012 se cerraba el grifo y ninguna empresa privada se había asentado en la Bahía ni había logrado absorber la mano de obra que se había prometido en 2007, justo antes de que arrancara el maratón de elecciones.

«Réditos políticos y electorales»

El interés electoralista en cerrar este conflicto de forma rápida y limpia para la Administración socialista era evidente, aunque fuera pocos, muy pocos los que se atrevían a denunciarlo. Una forma de resolver los problemas con las miras puestas en las urnas, que aparece en la exposición razonada de la jueza Alaya ante el TSJA sobre la situación de los aforados que aparecen en el sumario.

La magistrada afirma en el documento filtrado a los medios la semana pasada que el PSOE, como partido que sustenta al Gobierno andaluz, fue «beneficiario» del «uso absolutamente discrecional» de los fondos públicos y que le produjo «réditos políticos y electorales».

En los ERES, la magistrada sostiene que la Junta ideó un sistema para extraer dinero de los contribuyentes y destinarlo a empresas que cerraban, a sindicatos que participaban en los expedientes de regulación y a aseguradoras que firmaban las pólizas de los trabajadores despedidos; todo ello eludiendo los órganos fiscalizadores y en aras de una pretendida paz social.

La otra megacausa que no ha hecho más que empezar, la de los cursos de formación, tiene una base similar. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo las órdenes de la magistrada del juzgado nº 6 de Sevilla, indaga en las acciones formativas que se realizaron en Andalucía a través de organismo públicos de la Junta y que debían tener como objetivo facilitar la incorporación al mercado laboral de los receptores de esos cursos. Dentro de estas diligencias está el 'caso Delphi', al que se destinó, según el último auto de Alaya 105,9 millones para formación y contratación con los resultados ya conocidos.