El derribo de una vivienda ilegal se paraliza porque la máquina no puede acceder a propiedad

Los propietarios de la vivienda ilegal que iba a ser derribada hoy en la carretera de El Portal, en Puerto Real, han logrado ganar tiempo y esta noche volverán a dormir en la que durante años ha sido su hogar. La demolición, ordenada por un juzgado, no se ha podido llevar a cabo porque la familia ha impedido a los técnicos municipales que entraran en la casa y la maquinaria tampoco ha podido acceder a la propiedad al ser más ancha que el camino.

Así lo han confirmado a este medio fuentes del Ayuntamiento de Puerto Real después de que iniciara todo el operativo para el derrumbe de esta construcción, levantada sobre terreno de dominio público marítimo terrestre. Según han explicado, la familia «ya parecía concienciada de que el derribo se iba a llevar a cabo y por eso mismo el juzgado solicitó que los técnicos acudiesen a la propiedad acompañados por agentes de la Policía Local».

También han aclarado que «ellos no tienen competencia para entrar a la fuerza, para ello habría sido necesario que hubiera acudido la Policía Nacional». También hay otra familia afectada en la misma zona cuya orden derribo está fechada para mañana y podría verse en la misma situación, con lo que es posible que se aplace.

En cualquier caso, el mayor escollo para ejecutar la sentencia judicial que obliga a tirar esta vivienda ilegal es la incapacidad de la maquina para entrar en la propiedad, con lo que «sería necesario acceder a través de la parcela de un vecino», han indicado las fuentes consultadas. Por eso mismo el Ayuntamiento ha remitido un escrito al juzgado explicando la situación para que tome medidas en el asunto y sea la justicia la que determine cómo llevar a cabo este doloroso proceso y vuelva a iniciar los trámites. El Consistorio ha recordado que «está obligado a hacer cumplir las órdenes, pero no ha sido el que ha abierto este proceso».

La familia que temía que hoy se llevara a cabo el derribo había puesto sus esperanzas en las alegaciones presentadas ante el juez y un recurso ante la Ley de Costas. Los afectados ya expusieron en declaraciones a Europa Press que en la zona hay «alrededor de 200 casas ilegales más», pero se encuentra en otras fases de recurso. Al parecer, los dueños son también propietarios del terreno y aseguraron que «cuando levantaron su casa ya había otras viviendas». También señalaron que es la única que poseen con lo que la demolición los dejaría en la calle a este matrimonio con dos hijos. El proceso judicial ha durado ocho años y ha conllevado varias sanciones para la familia a las que ha tenido que hacer frente.