La Audiencia rechaza el recurso de la alcaldesa de Rota para evitar el banquillo

Habrá juicio por el 'caso horas extras' y en el banquillo de los acusados se sentará la alcaldesa de Rota, Eva Corrales (PP), el segundo de a bordo en el Gobierno local, Lorenzo Sánchez (RRUU), y otras siete personas más: cuatro empleados municipales y la esposa de uno de ellos, el exedil popular Ismael Puyana y el interventor del Consistorio.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ha rechazado el recurso de apelación que presentaron los acusados para tratar de tumbar el caso y evitar la celebración de la vista oral que podría celebrarse a final de este año.

Los magistrados se acogen a los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, que se opuso al recurso, y confirman el auto de procesamiento

dictado por la jueza del nº 2 de Rota el pasado mes de julio.

Subrayan como hecho supuestamente delictivo que se encargara unos trabajos de suministro a un funcionario municipal pese a la prohibición que impide a los empleados públicos contratar con una administración.

Una incompatibilidad que trató de maquillarse, según sostiene el Ministerio Fiscal, con el pago a través de horas extraordinarias o facturas irregulares a nombre de la mujer de ese trabajador, muy conocido en la localidad por su vinculación con fiestas populares como la Semana Santa.

La instrucción judicial concluyó que este trabajador recibió más de 50.000 euros entre 2004 y 2010 como retribución extra a su nómina. Un agravio comparativo que causó malestar en otros funcionarios que acabaron entregando documentación sobre las abultadas horas extraordinarias que cobraba a IU. La formación política llevó el caso a la Fiscalía.

La Audiencia define esta argucia como una fórmula que "contradice de forma patente y grosera" el ordenamiento jurídico. Y no sólo desestima el recurso planteado por la defensa de los nueve imputados, sino que también le impone el pago de las costas.

La defensa jurídica de la alcaldesa, que está implicada en varias causas judiciales, corre a cargo del erario público. En junio del año pasado, el Pleno municipal ampliaba esa cobertura a los empleados del Consistorio a los que también les han salpicado las distintas investigaciones llevadas a cabo por Anticorrupción; siempre y cuando dejaran su defensa en manos de los letrados designados por el Ayuntamiento.

Desde el Gobierno local justifican esta polémica decisión con un informe jurídico emitido por los servicios jurídicos municipales que sostiene que las imputaciones que acumulan miembros de su equipo obedecen a "actos relativos al ejercicio de las funciones".

En la oposición, sin embargo, han planteado ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, la anulación de esos acuerdos plenarios. Se basan en una sentencia del Supremo del año 2002 cuando dictaminó que las administraciones podían hacerse cargo de los costes legales siempre y cuando las causas estuvieran relacionadas con las funciones de los cargos públicos implicados, no se demostrara abuso de poder de estos y las actuaciones judiciales acabaran archivadas o con sentencia absolutoria.

Informe 'ad hoc'

Sobre otro informe municipal, esta vez redactado por el secretario municipal, ha girado el recurso de apelación presentado por las defensas en el 'caso horas extras'. Dicho documento defiende el encargo de unas prendas como bandas de carnaval, colgaduras para engalanar balcones y dalmáticas para maceros, a un funcionario adscrito al área de Tributación, porque no causó menoscabo alguno al Ayuntamiento y fueron trabajos que se realizaron de manera excepcional.

Los magistrados se inclinan por la respuesta a ese argumento que ofrece el fiscal. Ese informe del secretario fue realizado a petición de la alcaldesa tras su imputación y contradice la declaración que ofreció el propio funcionario ante la Guardia Civil.

En ese momento afirmó que "lo correcto" hubiera sido la adjudicación de esos trabajos mediante un contrato de suministro y que "era muy forzado" entender como parte de las funciones de un trabajador destinado a tareas administrativas, la confección de productos textiles.

La Fiscalía ya ha anunciado la acusación que va a plantear en este caso. Un escrito difundido por LA VOZ el pasado mes de diciembre y que ha causado un auténtico terremoto local. Anticorrupción solicita cuatro años y ocho meses de cárcel y 15 de inhabilitación especial para Eva Corrales por delitos de prevaricación y falsedad documental; mientras que para Lorenzo Sánchez, el fiscal pide que sea inhabilitado durante ocho años por prevaricación.