Trabajo busca en la agricultura y en el transporte fraudes en el subsidio de paro

Los portes a domicilio en furgonetas son muy socorridos para sacar un dinero extra a final de mes, sin embargo, el fraude es mayúsculo cuando quien los realiza es un parado que cobra la prestación por desempleo. No es el único sector en la provincia de Cádiz donde se ha detectado un aumento de la mano de obra clandestina.

La agricultura, especialmente en las explotaciones de la Sierra, se ha localizado a cuadrillas de jornaleros que con una mano reciben la prestación y con la otra varean los olivos.

La Inspección de Trabajo de Cádiz y agentes de la Guardia Civil, concretamente de la unidad del Seprona, llevan más de un mes prestando especial atención a estos dos sectores de la actividad económica gaditana para sacar a flote posibles bolsas de fraude laboral.

LA VOZ ha podio confirmar que se trata de campañas muy puntuales. En este caso están relacionadas con el transporte y la agricultura y las acciones se mantendrán activas hasta final de este mes de enero.

De momento, las inspecciones están dando resultado y se ha localizado a parados en activo y a empresas que reclutan personal sin dar de alta a la Seguridad Social.

La Inspección de Trabajo logró sacar a flote entre 2012 y 2013 un total de 5.289 empleos clandestinos. La labor de control también permitió en esos dos años localizar a casi un millar de gaditanos cobrando el subsidio de paro y, al mismo tiempo, realizando una actividad.

Esta práctica implica una sanción para el empresario que oscila entre los 10.000 euros y los 187.000, mientras que el infractor se enfrenta a la retirada de un año de prestación por desempleo y la obligación de devolver el dinero cobrado.

Demasiado dinero negro

La picaresca juega un papel determinante en una provincia como la gaditana, que suma un 41% de su población desempleada, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente a los meses de julio a septiembre.

Las necesidades aprietan y, desde luego, no se repara en el fraude. Los últimos datos recogidos en un informe del sindicato que aglutina a los técnicos de Hacienda (Gestha), correspondientes a abril de 2014, se pone de manifiesto que el dinero negro que se mueve en Cádiz supone el 29,3% del PIB provincial que, traducido, significa que unos 5.800 millones de euros escapan del control fiscal.

Se trata de un dinero en negro que elude todos los mecanismos de control de la Agencia Tributaria y de la Tesorería de la Seguridad Social. La bolsa de fraude ha ido engordando desde que comenzó la crisis en 2008.

El Ministerio que dirige Fátima Báñez ha intensificado la lucha contra el fraude laboral y la picaresca en el cobro de las prestaciones.

Cabe recordar que entre 2012 y 2013, los servicios públicos de Empleo retiraron las prestaciones a 159.793 personas en paro que, pese a todo, fueron pilladas 'in fraganti' trabajando. También se le suspendió el cobro a otras 360.779 personas por otros motivos.

La Inspección de Trabajo en Cádiz ha seguido las directrices marcadas para combatir la economía sumergida a través de campañas. Este periódico ha podido saber que el sector de la hostelería es uno de los más proclives a bordear la ilegalidad.

Los inspectores aprovechan la Semana Santa, la celebración en primavera de la Motorada o el verano para peinar bares y restaurantes.

LA VOZ se hizo eco el pasado octubre de una nueva actuación tanto de la Inspección de Trabajo como de la Seguridad Social en relación a los contratos a tiempo parcial. Los inspectores han redoblado los controles para destapar la bolsa de fraude que supuestamente se esconde tras las jornadas a tiempo parcial que se desarrollan en Cádiz.

Los datos y las denuncias anónimas registradas en el Buzón de Fraude han llevado a los inspectores a poner la lupa en este tipo contratación, que crece de forma exponencial, sobre todo, en los meses de verano. Los sectores de hostelería y el comercio en general son los más afectados.

La provincia de Cádiz cuenta con una Comisión Antifraude, creada en el verano de 2012 para coordinar y planificar actuaciones contra las prácticas fraudulentas en materia laboral y fiscal. Este organismo está integrado por representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Tesorería de la Seguridad Social, Inspección de Trabajo, Diputación de Cádiz y la propia Subdelegación de Gobierno, entre otros.

Una de las conclusiones a las que se ha llegado, a tenor de las altas registradas en la Seguridad Social desde comienzos de año, es que el contrato a tiempo parcial ha experimentado un considerable aumento y podría ser foco de un nuevo tipo de fraude.

De hecho, el 80% de las denuncias que llegan al Buzón del Fraude tienen como sujeto la contratación a tiempo parcial.

En 2013, el Buzón de Denuncias registró 579 llamadas, de las que 350 fueron investigadas, mientras que en 2014 la cifra alcanzó las 905, de las que 519 fueron tramitadas. El incremento fue del 56%.

Igualmente, el número de contratos irregulares localizados en 2013 fue de 1.260, mientras que el pasado año la cifra llegó a los 1.283.

Los mayores ejemplos de este fraude lo encontramos en la provincia en la Operación Relisto, Pícaro, que tuvo su segunda parte el pasado verano con la operación Repícaro, cuando se descubrió que algunos de los estafadores de las operaciones anteriores habían vuelto a las andadas. En esta ocasión, los pícaros eran reincidentes.

El 'modus operandi' era la creación empresas ficticias cuyos gestores se dedicaban a contratar a parados para poder complementar con ello su prestación por desempleo. Obviamente no había actividad.

Los supuestos empresarios recibían del parado una parte de la prestación. Las dos primeras operaciones se saldaron con 91 detenidos y 213 imputados, mientras que en la tercera se detuvieron a 62 personas y hubo 133 imputados. Todo ello entre Jerez y Sanlúcar.