Otro imputado de los ERE desfila por el juzgado del 'caso Bahía Competitiva'

El 'caso Bahía Competitiva' se está nutriendo en los tribunales de los testimonios de personas que a su vez están implicadas en el escándalo de los ERE. Como si fueran dos historias que discurren en paralelo, cada vez guardan más semejanzas en su desarrollo: una larga instrucción, altos cargos y técnicos de la Administración andaluza señalados y un baile desorbitante de millones de dinero público presuntamente defraudado y del que se desconoce si podrá ser recuperado algún día.

Ayer, otro de los imputados por la jueza Mercedes Alaya, testificó en el juzgado de Instrucción nº 4 de Cádiz a petición del fiscal Anticorrupción. El exdirector general de la Agencia IDEA, Antonio Valverde, no sorprendió con sus palabras. Recordó a las que anteriormente habían vertido los consejeros de Innovación -Antonio Ávila, Martín Soler y Francisco Vallejo- que asumieron esa cartera entre los años 2007 y 2011.

Al igual que ellos, marcó distancia con lo que fue el gran plan que iba a reactivar el tejido industrial de la Bahía de Cádiz. Cuando se firmó el convenio para su desarrollo y se creó la oficina, se daban codazos por salir en la foto anunciando futuros proyectos empresariales que nunca cuajaron. Hoy en día, las administraciones que participaron en este plan restan importancia a su papel y responsabilizan a otros de lo que debió ser una mejor fiscalización de las apuestas empresariales que captaron dinero público.

La denuncia

Valverde, quien dimitió en junio tras solicitarle la Fiscalía una fianza de responsabilidad civil de 3,6 millones por el fraude los ERE, compareció en Cádiz a petición del fiscal, quien quería aclarar cómo se había gestado la denuncia firmada por la Agencia IDEA, dirigida a la Fiscalía y que acabaría con la oficina del Plan Bahía Competitiva. Esa denuncia era el reconocimiento de que se habían concentrado buena parte de las ayudas en juego en un grupo reducido de empresarios. Y que dichas iniciativas estaban avaladas por documentación de dudosa veracidad.

Esa acción judicial es el argumento defensa que esgrime la Junta cada vez que se le recuerda este escándalo. Pero ese escrito, por ejemplo, no sirvió para poner bajo sospecha a esas empresas y retirarle el respaldo económico público de manera inmediata.

El exdirector general explicó a preguntas de la jueza, que fue informado en 2011 de la existencia de irregularidades en determinadas ayudas concedidas. Una información que fue elevada a la Fiscalía cuando obtuvieron la confirmación de que podía haber indicios delictivos.

Sin embargo, no pudo aclarar si la gerente provincial de la agencia en Cádiz, Rosa Mellado (imputada en la causa), participó o no en esa labor de detección y denuncia como ella ha manifestado en varias ocasiones.

Tampoco recuerda si asistió o no a reuniones claves como las que se llevaron a cabo antes de que el Consejo de Gobierno aprobara en junio de 2011 un nuevo incentivo a uno de los empresarios de la trama investigada. Una ayuda de 1,5 millones de euros que se autorizó meses después de que la propia Administración andaluza denunciara la existencia de irregularidades. Valverde lo reconoció ayer, pero se escudó en que hasta entonces sólo habían recabado indicios y no había nada probado.

Es decir, la Administración andaluza puso en riesgo fondos públicos para preservar la presunción de inocencia de un grupo de empresarios.

El fiscal también sigue indagando en la ausencia de la exdelegada territorial de Innovación, Angelines Ortiz, a la reunión que se celebró en Madrid en vísperas de que estallara el escándalo. En ese comité de gestión, se ultimaba el reparto de ayudas con la institución que liberaba los fondos públicos: el Ministerio de Industria a través del Plan Reindus. Sin embargo, en víspera de que se destapara la existencia de irregularidades, Angelines Ortiz se ausentó como representante de la Consejería de Innovación.

Según la Junta, motivos personales le llevaron a suspender el viaje. Sin embargo, a lo largo de las declaraciones, se han producido contradicciones que no afianzan esa versión oficial.

Ayer fue preguntado Valverde sobre esta ausencia, pero dijo que no fue informado. Fuentes del caso recuerda que el exconsejero Ávila había afirmado que desde su departamento tampoco tuvieron noticias y que, en cualquier caso, la exdelegada de Innovación debía haberlo comunicado a la agencia IDEA.