La Junta ‘deja tirados’ a 200 trabajadores a los que está obligada a recolocar

Con una sentencia en la mano que les reconoce sus puestos de trabajo, unos acumulan ya un año de paro y otros superan los dos.Sin prestaciones que cobrar, ni expectativas laborales aguardan pacientes a que la Junta, que los despidió en su momento, cumpla el fallo judicial y les devuelva sus antiguos empleos. Esa es la situación de alrededor de 200 profesionales de la provincia de Cádiz de diferentes ámbitos a los que la administración regional enviaba al paro al mismo tiempo que anunciaba planes el empleo. La mayoría de ellos se vieron obligados a recurrir a la justicia. Se trata de los agentes de empleo, los conocidos como alpes que ejercían como orientadores laborales, y las monitoras de educación, un total de 82 en la provincia, todas con una sentencia ganada que siguen a la espera de ser llamadas.

Educación

Esther Porquicho, que ejerce como portavoz de este último colectivo, acaba de cumplir un año en paro a pesar de contar con una sentencia desde el pasado mes de mayo que dice que ha de ser llamada para incorporarse a su centro escolar. El miércoles fue publicado en el BOJA el l istado de la relación de puestos de trabajo en los que se han incluido a estas trabajadoras, 82 en total, «aunque eso no signifique que nos van a llamar de forma inmediata», advierte. «Todas menos las de la Bahía y la Janda, que fuimos las primeras en tener la sentencia», corrige Porquicho tras explicar que la Junta ya ha dado varias fechas para ello, la primera en junio, luego se aplazó a septiembre y la última ha sido noviembre, pero a las puertas de la Navidad ni una sola de ellas ha vuelvo a los colegios.

Estas monitoras venían ejerciendo de apoyo para la gestión de los centros, unas funciones que ahora asume la dirección con sus equipos docentes . En toda Andalucía se han visto en esta misma situación alrededor de 840, de las que 386 tienen sentencia a su favor.

La solución aún no parece clara, el propio consejero de Educación, Luciano Alonso, aseguró la semana pasada que «se irán incorporando para realizar las tareas administrativas». Sin embargo, el colectivo duda de esta nueva promesa.

Empleo

Peor panorama tienen los agentes locales de promoción de empleo, los llamados alpes, de los que la Junta prescindió hace ya más de dos años. El grupo de afectados –más de 800 en toda Andalucía, de los que 81 pertenecen a la provincia de Cádiz– han ido presentando demandas tanto de forma individual como colectiva con las que han visto reconocidos sus derechos. Los jueces no sólo condenan a la administración a devolverles sus puestos de trabajo , sino que exigen el pago de una indemnización por los salarios y costes laborales del tiempo en el que han estado en la calle. Pero ni lo uno ni lo otro se ha cumplido. Antxón Arrestarazu, portavoz del colectivo gaditano, considera que «la situación es apabullante». Tras varias protestas y la implicación de los distintos grupos políticos arrancaron al consejero de Economía y Empleo, José Sánchez Maldonado, el compromiso de dejar de recurrir las sentencias y acatarlas . También lograron que se aprobara una proposición no de ley en el Parlamento que obligaba a crear una mesa de seguimiento para afrontar la reincorporación. Pero la situación presupuestaria de la Junta dificultad que eso mismo se pueda llevar a cabo. Según explica, «tras contar con sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía e incluso del Supremo, nos piden ahora que volvamos a los juzgados a pedir la ejecución de estos fallos».

Arrestarazu lamenta también que durante todo este tiempo el Gobierno regional hubiera decidido seguir litigando con lo que todo eso ha supuesto para estos profesionales y con el coste para los ciudadanos. «Hemos estimado que se han gastado alrededor de 50 millones de euros en este asunto, a razón de 70.000 al día», calcula.

Medio Ambiente

Con menos ruido mediático se vieron en una situación parecida en torno a una veintena de trabajadores de la Consejería de Medio Ambiente que durante años han prestado sus servicios como profesionales autónomos. De la noche a la mañana los departamentos de los que dependían decidieron prescindir de ellos, lo que terminó en un aluvión de demandas. Manuel Martos, el abogado gaditano que llevó estos casos, explica que tanto los juzgados de lo Social como el TSJA reconocieron que se trataba de despidos nulos. Todo ello ha dado lugar a un nuevo proceso que, igualmente sigue siendo doloroso para los trabajadores. El letrado señala que «no han pagado las indemnizaciones que les corresponden ni tampoco se los ha reincorporado» y además se mantienen en una situación complicada por el tiempo de relación laboral que habían mantenido hasta ese momento.

Salud

Manuel Martos es también el abogado de la Asociación de Eventuales del SAS (Aesas), cuyos socios han presentado alrededor de 300 demandas en Cádiz y cuentan ya con tres sentencias favorables. Rocío Jiménez es su portavoz en la provincia, desde donde se ha constituido el colectivo. Según explica «la situación es muy lenta y a pesar de que casi todas las demandas se han aceptado, hay señalamientos hasta 2016 y casos que ni siquiera tienen fecha». La administración también sigue litigando y recurriendo cuanta sentencia en contra recibe en este asunto, lo que conlleva mayor desgaste para los profesionales y un sobrecoste.

Jiménez resalta que «hay casos muy dolorosos de profesionales que llevaban hasta quince años en el mismo puesto encadenando contratos por meses o a lo sumo por un año». El mayor número de demandantes son médicos, pero los hay de todas las categorías profesionales. La asociación ha llegado a iniciar un proceso para impugnar incluso la bolsa única de empleo del SAS al considerar que se utiliza de manera arbitraria y no con la función para la que fue creada. Este es quizá el colectivo más numeroso, formado por alrededor de 15.000 personas, según estima esta asociación, aunque no se ha facilitado la cifra oficial.