Los tratos prohibidos en prisión

Los continuos casos de corrupción que estallan por todo el país están transformando el perfil medio del interno recluido en los módulos más tranquilos, los llamados de confianza, de las prisiones españolas.

Políticos, empresarios, personajes del papel ‘couché’ y hasta una folklórica nutren en estos momentos las poblaciones reclusas. Y con su ingreso en los centros penitenciarios también se están reproduciendo las denuncias de funcionarios y de internos anónimos sobre posibles tratos de favor a esta 'estirpe' de presos de trato fácil, rostro reconocido y expedientes penitenciarios abiertos por delitos de cuello blanco.

Las últimas denuncias conocidas en Puerto III o la que hace referencia a la prisión de Alcalá de Guadaira donde cumple condena Isabel Pantoja, no señalan un problema nuevo.

Tampoco estos testimonios son la confirmación de que cada vez que un ‘famoso’ entra en prisión, se despliega un sistema de favores para hacer más cómoda la estancia al reo por ser quién es. Pero las sospechas existen y las denuncias, las aperturas de investigaciones y los ceses de directores ratifican que a veces responsables de las prisiones se extralimitan en sus funciones con determinados reclusos.

Puerto III ha sido el último escenario conocido por la opinión pública donde se estarían dando tratos de favor a algunos presos, conculcando así un principio constitucional como es la igualdad de todo ciudadano ante la ley.

Tres sindicatos se han unido para denunciar que hay determinados internos a los que se les autorizan más permisos; o que desde la dirección se están anticipando las revisiones de sus clasificaciones penitenciarias para acercarlos al tercer grado o a un régimen de semilibertad más favorable.

En una nota de prensa firmada por UGT, ACAIP y la Asociación Profesional (APFP) se exponían dos casos concretos y se relacionaba este trato preferente con reclusos que habían cometido delitos alejados de la violencia física, pero que tienen hoy en día un profundo reproche por parte de una sociedad, que identifica la corrupción como uno de sus principales problemas.

Fuentes consultadas por este medio afirman que esos dos casos, el de un inspector médico y el de un empresario, no son los únicos. «Algunos presos ya comentan alegremente que tienen una buena relación con el director», afirman preocupados desde la APFP.

Este escándalo se ha cruzado en el tiempo con otra denuncia sindical, que señala a la directora de la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaira donde se encuentra Isabel Pantoja.

Los funcionarios se mostraron muy molestos con una circular interna remitida desde la dirección en la que recordaban a los trabajadores de ese centro cuáles son sus obligaciones y el deber de no informar sobre los reclusos. Para los funcionarios ese escrito pone en tela de juicio su profesionalidad.

Además de la simple protesta, el sindicato Acaip se dirigió a Instituciones Penitenciarias para preguntar si se había preparado una celda especial para la tonadillera como se había comentado en algunos programas o si se estaban adoptando medidas especiales en esa prisión a raíz del ingreso de la conocida folklórica.

Instituciones Penitenciarias salió al paso de esa polémica negando el trato de favor; lo mismo afirmó la delegada del Gobierno, Carmen Crespo, desmintiendo las informaciones que señalaban esa posibilidad.

Muy distinta ha sido la reacción con respecto a las denuncias que se han hecho públicas en los últimas días sobre Puerto III, las cuales no han tenido hasta la fecha ninguna respuesta oficial por parte de esa Secretaría General. Si bien, este periódico conocía la semana pasada que dos inspectores se habían desplazado al centro portuense para recabar información e investigar si se había cometido alguna irregularidad.

Traslado como castigo

Otro caso polémico es el del expresidente del Sevilla F.C., condenado por haber cobrado unas minutas excesivas a costa del Ayuntamiento de Marbella. Lo trasladaron de la prisión de Sevilla 1 a Huelva, después de que salieran a la luz las visitas a diario de su esposa, quien acudía en calidad de abogada aunque nunca lo hubiera representado en un pleito.

José María del Nido tenía así el privilegio de ver a su pareja con más asiduidad que los 40 minutos a la semana que por regla general tiene el resto de reclusos.

No hubo reconocimiento oficial de tratamiento distinto a este interno de cuello blanco, pero Instituciones Penitenciarias ordenó controlar las visitas que realizaron los letrados a sus clientes en el centro penitenciario y tras clasificarlo en segundo grado, fue trasladado al centro penitenciario de Huelva.

La polémica le ha perseguido a esa prisión porque recientemente se cuestionaba la visita que recibió del presidente de la Federación, Ángel Villar. Según el sindicato CSIF se podría haber vulnerado la normativa penitenciaria porque los dos hombres estuvieron solos y sin vigilancia. Instituciones Penitenciarias también salió a desmentir estas informaciones.

Sospechas sobre la administración

La propia Administración tampoco se ha escapado de la polémica y el secretario general de Instituciones Penitencias tenía que comparecer recientemente en el Congreso de los Diputados para aclarar por qué se había concedido el tercer grado al expresidente balear Jaume Matas, en contra del criterio de la mayoría de la Junta de Tratamiento.

Existen precedentes de destituciones en centros penitenciarios que confirman que esa práctica del doble rasero existe. En 2011, el que fuera primer director de Puerto III fue cesado de la dirección de Huelva por recibir presuntamente regalos a cambio de permisos. El caso quedó archivado porque Francisco Sanz moría dos años después de un infarto.

En 2004, caía el director de Alcalá Meco, Jesús Calvo, por concederle al banquero condenado por el ‘caso Banesto’, Mario Conde, un régimen de visitas más amplio que al resto de internos. En 2009 participó en la presentación del libro del exrecluso, mostrando una cercanía que años atrás le costó el cargo.