Guardia Civil confirma 'enchufes' ilegales en una empresa pública de Chipiona

La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado al alcalde de Chipiona, Antonio Peña (PP) y al concejal Rafael Naval por varios contratos laborales en la empresa municipal Caepionis.

La noticia ha sido lanzada vía comunicado por el PSOE. Aunque el escrito del Ministerio Público lleva semanas en los juzgados de Sanlúcar a la espera de que alguno de los órganos judiciales asuma las diligencias y acuerde la apertura de una investigación.

La denuncia de Anticorrupción se sustenta en un informe policial que resume varios meses de pesquisas de la Guardia Civil. Los agentes han indagado en las contrataciones de trabajadores que hizo Caepionis desde 2012 hasta la fecha. Peña y Naval ostentan los cargos de presidente y vicepresidente de esa sociedad respectivamente.

La Fiscalía le encomendó esa tarea a la Benemérita partir de un escrito que le envió un denunciante.

Este testigo afirmaba que esa empresa pública estaba siendo utilizada para contratar a dedo a personas afines al PP, incumpliendo los procedimientos, sin convocatoria pública de los puestos que se creaban y siguiendo exclusivamente criterios arbitrarios y partidistas.

Señalaba casi medio centenar de contratos laborales que se habrían cerrado de manera irregular. Además llegaba a afirmar que la empresa municipal amplió su objeto social en 2012 para poder efectuar esa política del enchufismo en más ámbitos.

Antes de esa fecha, Caepionis se dedicaba al sector de la construcción y pese a ser de capital público, tenía gestión privada a través de una concesionaria.

En mayo de 2012, el pleno municipal aprobó que el control de la sociedad volviera a manos del Ayuntamiento. En dicho pleno se aprobó también ampliar el objeto social para incluir servicios tan diversos como la limpieza viaria, la recogida de animales, la informática o la ayuda a domicilio.

Caepionis pasaba a ser la sociedad municipal que englobaba varias carteras municipales. Esta modificación fue aprobada con los votos de PP e IU. Por el contrario, el PSOE se opuso.

Indicios de irregularidad

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que esa denuncia inicial era muy genérica y que la Guardia Civil tuvo que trabajar sobre mucha documentación. Los agentes reunieron tres cajas de documentos. Concluyeron que había indicios claros de prevaricación en varios de contratos laborales.

Los agentes interrogaron a decenas de trabajadores y comprobaron que varios de ellos habían sido contratados sin estar en la bolsa de trabajo o que habían obtenido el puesto por encima de otros candidatos que reunían los requisitos para esa ocupación remunerada con dinero público.

Fuentes judiciales confirmaron que Peña fue citado a declarar como imputado hace unas semanas en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz.

Concluida esa primera fase, los agentes elaboraron un informe que presentaron al fiscal Anticorrupción y éste planteó la denuncia a partir de los indicios recabados por los funcionarios policiales.

Este periódico ha podido saber que los contratos laborales que están bajo sospecha son de escasa cuantía y por periodos cortos para ejecutar trabajos temporales como el arreglo de un invernadero.

Pero que sí revelarían que el enchufismo habría renacido en un Consistorio manchado por esta práctica que en años anteriores llegó a ser la única puerta de entrada para trabajar en el Ayuntamiento.

La exalcaldesa socialista Dolores Reyes fue condenada a siete años de inhabilitación por firmar 345 contratos laborales con esta fórmula entre los años 2000 y 2004.

«Con la camiseta del PP»

El portavoz del grupo municipal del PSOE, José Antonio Sotomayor, aseguraba ayer a este medio que desde su formación llevan dos años denunciando esta situación. «Hemos visto a personas que estuvieron participando en la campaña del PP, que se les veía con la camiseta del partido y que después han conseguido un trabajo en esa empresa».

Esa afinidad política como requisito para acceder a los puestos de trabajo no consta en la denuncia del Ministerio Público, que no ha podido establecer esa conexión. Dos de los trabajadores que han sido investigados declararon ante la Guardia Civil que eran votantes de IU.

Pero en Chipiona, la distancia política entre IU y PP no parece tan lejana como en otros Gobierno locales. Antonio Peña gobierna en minoría gracias a que la formación de izquierdas se abstuvo en la votación de investidura en 2011. El candidato popular se hizo con el bastón de mando con tan sólo un voto de diferencia con respecto al PSOE, que había obtuvo un concejal menos (7).

El nombramiento de Peña había estado precedido por la elección sorpresa de la candidata de IU, Isabel Fernández Orihuela, que llegó a ser alcaldesa durante dos días. Con sólo dos ediles, IU pudo haber gobernado con el respaldo que le prestó en ese momento el PSOE. Pero Fernández Orihuela renunció.

Segundo frente para el alcalde

Esta denuncia de Anticorrupción no es el primer problema judicial que tiene el alcalde de Chipiona, que está imputado por el ‘caso uniformes’, que compromete al Gobierno de la vecina Rota.

El dirigente popular fue durante años concejal en ese municipio y dio su voto favorable a los contratos públicos que se adjudicaron a empresas del exregidor de esa localidad, Lorenzo Sánchez, de Roteños Unidos y ahora socio de coalición del PP.

Este periódico trató sin éxito de contactar con el primer edil de Chipiona para conocer su versión de los hechos. Recientemente el concejal Rafael Naval concedía una entrevista a Chipiona televisión en la que acusaba al PSOE de mentir sobre la política de contratación en la empresa municipal y defendía las transparencias de estas colocaciones.