Tres nuevas leyes del Gobierno andaluz pasan el primer filtro en el Parlamento
La Ley del Flamenco, la de Economía Circular y la del cuerpo de Interventores se debatirán ahora para que entren en vigor dentro de un año
Vox se queda solo en su veto a la de Economía Circular que pretende modificar parte del sistema productivo andaluz
Indignación en el PSOE por la decisión de la Mesa de la Cámara de no admitir una pregunta sobre presuntas irregularidades en obras municipales en Marbella
La novedad principal de la sesión de este miércoles en el Parlamento de Andalucía ha sido que el Gobierno andaluz ha logrado sacar adelante el primer trámite de tres nuevas leyes con la complicidad de los grupos de la oposición que ahora, cuando se inicia su tramitación parlamentaria, podrán aportar y presentar enmiendas a los textos antes de su aprobación definitiva.
Tan sólo Vox había puesto la nota discordante presentando una enmienda a la totalidad de la Ley de Economía Circular, un veto que no ha salido adelante ya que este grupo que ha quedado solo en su rechazo frontal a dicho texto normativo.
El Gobierno andaluz llevaba tres leyes ante la Cámara: la Ley de creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía, la Ley del Flamenco y la Ley de Economía Circular, y los tres textos han concitado un acuerdo básico entre todos los grupos políticos y todos se han comprometido a «aportar» para que estas normas sean mejores para los andaluces. Si se cumplen los plazos previstos, podrían entrar en vigor dentro de un año. Hay que tener en cuenta que los tres textos se elaboraron en la legislatura anterior, pero el adelanto electoral impidió su tramitación en el Parlamento que ahora se inicia de nuevo.
La Ley del Flamenco llegará hasta las aulas ya que los alumnos andaluces lo estudiarán desde Primaria hasta la Universidad, además de crear nuevas cátedras de Flamenco para su análisis y estudio y prevé la creación de un Registro Andaluz del Flamenco, con la finalidad de «servir como instrumento para el conocimiento, publicidad y ordenación de los profesionales y entidades que desarrollen actividades relacionadas con el flamenco en Andalucía».
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Por su parte, la Ley de Economía Circular pretende liderar la lucha contra el cambio climático en Andalucía y apuesta por la reutilización de los residuos no sólo para la protección de Medio Ambiente sino también como forma de cambiar el modelo productivo. Esta nueva ley contará con 43 millones de euros para su desarrollo que están incluidos en los Presupuestos de la Junta para 2023.
El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, explicó que de esos fondos, 24 millones estarán destinados al tratamiento de los residuos mientras que otros 18 millones se invertirán en nuevas infraestructuras para el tratamiento de los mismos como los puntos limpios.
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Polémica
Este tono de acuerdo contrasta con la intensa mañana que se vivió en el Parlamento andaluz. El PSOE montó en cólera porque la Mesa del Parlamento, órgano de gobierno de la institución, no admitió una pregunta dirigida al consejero de la Presidencia sobre la situación que se está viviendo en Marbella. Los socialistas querían preguntar sobre las adjudicaciones municipales en 2011 por 600.000 euros a una empresa investigada en el 'caso Joakim', la causa por narcotráfico y blanqueo de capitales en la que están implicados el marido y un hijastro de la alcaldesa, Ángeles Muñoz.
El PSOE justificaba su pregunta «de máxima actualidad» porque de esa cantidad, 250.000 euros corresponden a obras del Plan Proteja para el arreglo de una plaza en la localidad, fondos que son de la Junta de Andalucía y que, según entienden, debe velar por el buen uso del dinero público.
Pero la Mesa del Parlamento consideró que se trata de un asunto municipal por lo que no compete a la Cámara autonómica su análisis. La portavoz del PSOE, Ángeles Férriz, lo consideró una «cacicada» y el partido planteó hasta un escrito de reconsideración sobre el asunto. «Debe ser grave lo que está pasando para que veten esta pregunta», explicó la portavoz socialista.
Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, pidió respeto para las decisiones de la Mesa del Parlamento que, aseguró, se toman por criterios técnicos y teniendo en cuenta que no se puede debatir de aquello que escapa a las competencias autonómicas.
