Juan J. Borrero
La razón de Mercedes Alaya
Todos coinciden en el mismo hilo argumental: los máximos responsables de la Junta cebaron económicamente un modelo ilegal de concesión de subvenciones
El auto con el que el juez Álvaro Martín razona por qué deben sentarse en el banquillo los expresidentes y altos cargos de la Junta de Andalucía puede considerarse el tercer posicionamiento judicial sobre la cuestión fundamental del caso ERE, tras la exposición razonada que hiciera la juez Mercedes Alaya al Supremo en diciembre de 2013 y la petición del suplicatorio que realizó el juez del alto tribunal Alberto Jorge Barreiro en junio del pasado año. Todos coinciden en el mismo hilo argumental: los máximos responsables de la Junta cebaron económicamente un modelo ilegal de concesión de subvenciones que se otorgaban de forma arbitraria y sin control.
En el caso de los imputados por malversación —el nuevo auto implica a Griñán, como hizo Alaya pero no el Supremo— tuvieron conocimiento en 2005 de informes de la Intervención que advertían de las graves irregularidades «y no hicieron nada por evitarlo».
Tres jueces de distinta procedencia coinciden en desmontar la tesis de la legalidad del procedimiento que defienden los imputados y sostiene todavía el PSOE andaluz a ultranza. El sistema era ilegal, lo conocían y lo consintieron. Por tanto ya no es una idea preconcebida de una juez contra el Régimen andaluz. Es una razonada conclusión judicial tres veces ratificada. Es el triunfo de la razón que asistía a la juez Mercedes Alaya cuando decidió ir más allá en el caso Mercasevilla y un reconocimiento a su trabajo.
