CASO ERE ANDALUCÍA
Las veinte irregularidades de las ayudas del caso ERE detectadas por los peritos judiciales del Estado
La subvenciones carecían de solicitud, memoria, publicidad y fiscalización previa de los expedientes por el interventor
El juicio de la pieza política del caso ERE ha pasado de la teoría a la práctica. O lo que es lo mismo, de las sesudas disquisiciones técnicas sobre conceptos como las transferencias de financiación (el mecanismo de pago de los ERE) al terreno concreto de las irregularidades reincidentes en la mayoría de las 270 ayudas concedidas por la Consejería de Empleo a empresas en crisis y a prejubilados y abonadas por un ente instrumental de la Junta, IFA/IDEA.
« Todas las ayudas en mayor o menor medida tenían un cúmulo de deficiencias que nos llevaban a la conclusión de que se había prescindido del procedimiento legalmente establecido», resumió Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la Administración de la Intervención del Estado que ha realizado informes de las 270 ayudas otorgadas. Su diagnóstico engloba también aquellas que se abonaron con cargo a programas presupuestarios distintos al propio, el 31L.
Ante el tribunal, Turrión constató hasta una veintena de irregularidades en el procedimiento de concesión y financiación de ayudas (855 millones de euros) que ha sentado en el banquillo a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
El experto confirmó uno a uno los reparos que recogió la interventora en la ayuda a Hytasal, una de las veinte dadas por la Dirección General de Trabajo examinadas en el informe adicional al de control financiero permanente del IFA, conocido en 2005 y remitido a tres consejerías diferentes: Empleo, Hacienda e Innovación. Los avisos del órgano de control interno sobre la falta de procedimiento reglado no suscitaron reacción alguna en nadie porque el sistema irregular se mantuvo durante diez años, según indicó el fiscal.
El Consejo de Gobierno
El perito judicial corroboró que no existió una norma reguladora de concesión de ayudas y las transferencias de financiación (que consistían en mandar dinero al IFA/IDEA para pagar las ayudas que Empleo repartía) era «inadecuada», al igual que la justificación del gasto.
El Consejo de Gobierno en el año 2000, a raíz de que el interventor frenara por irregulares las ayudas a Hamsa , validó una modificación presupuestaria que en la práctica supuso cambiar un concepto «correcto», las subvenciones, por otro «inadecuado», las transferencias de financiación, que impedía controlar el destino final del dinero.
Salvo tres o cuatro, todas las ayudas eran a empresas, no a los trabajadores directamente, y el 70% no tenían relación con un ERE ni plan de prejubilación , dijo. También coincidió con la interventora Rosario Lobo en que debería haberse tramitado un expediente plurianual de gasto y que «la práctica totalidad de las ayudas no tienen solicitud». Hubo pagos directos a asociaciones de extrabajadores.
No se comprobó si los beneficiarios cumplían los requisitos o si habían recibido otras ayudas incompatibles. En algunas de ellas «había algún papel que no me atrevería a llamar memoria justificativa, normalmente no se justificaba nada».
Tampoco el Consejo de Gobierno autorizó, como es preceptivo, las ayudas que excedían de 1,2 millones de euros . Nunca se fijó el requisito de reintegro de ayudas ni consta comunicación de las mismas a la Comisión Europea. «No hay ningún papel» que demuestre que éstas se introdujeran en la base de datos de subvenciones. «Fiscalización previa no había». Los protocolos de colaboración eran escasos. «No se ha dado publicidad a la concesión de las ayudas».
El director de Trabajo repartió fondos hasta 2010 sin tener competencias y ordenó «pagos cruzados», «llevando al límite la inadecuación del procedimiento». Tras transferir dinero a un ERE concreto, Empleo variaba los pagos atendiendo a compromisos adquiridos con otras empresas. El perito lo explicó con una parábola bíblica: «Estamos ante la multiplicación de los panes y los peces».
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