Varapalo del Supremo: Insta a la Junta a respetar los permisos de Gas Natural en Doñana

LUIS MONTOTO

18/07/2017
Actualizado a las 13:50h.

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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, advirtió el pasado viernes que acudirá a los tribunales si el Gobierno de Mariano Rajoy no detiene inmediatamente el proyecto Marismas (tal como se denomina a la iniciativa para almacenar gas natural en una veintena de yacimientos entre Aznalcázar y Almonte). De lo que no informó Susana Díaz —ni su consejero de Medio Ambiente, José Fiscal— es de que la Junta de Andalucía ya tiene una sentencia en contra del Tribunal Supremo por tratar de bloquear esta iniciativa con medidas «sin cobertura legal» , «invadiendo competencias del Estado» y dejando a Gas Natural Fenosa en una «evidente situación de indefensión» . La conclusión de la sentencia es sencilla: la Junta no puso objeciones al proyecto en los siete años que duró su tramitación. Fue al final del largo proceso burocrático cuando, por cuestiones de oportunidad política, intentó bloquear esta inversión industrial.

Para entender la sentencia del Supremo hay que recordar que —filial de Gas Natural — explota desde hace tres décadas un conjunto de yacimientos de gas entre las provincias de Sevilla y Huelva. Es a partir de 2007 cuando plantea reconvertir los yacimientos agotados en pozos para almacenar nuevo gas , reutilizando gran parte de la infraestructura que ya está instalada en la zona y dividiendo el proyecto en cuatro fases en función de su ubicación (Aznalcázar, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Saladillo). Gas Natural comenzó de forma simultánea las gestiones administrativas para ejecutar las cuatro fases del proyecto y, en el caso de Marismas Occidental , logró todos los permisos en 2010 y, de hecho, ya funciona como almacén.

Con Marismas Oriental y Aznalcázar la compañía completó la misma tramitación, en la que intervienen diversas consejerías (especialmente las que tienen competencias en Industria y Medio Ambiente ). El proyecto llegó a sus dos últimos peldaños en 2013, momento en el que obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte del Ministerio de Industria, que debía integrarse finalmente en la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que concede la Administración autonómica. En esa parte final del proceso (en enero de 2013), Diego Valderas (IU), entonces vicepresidente de la Junta, inició una campaña para detener la iniciativa. El PSOE cedió a las presiones y la Junta dictó una resolución por la que se suspendió la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU).

Gas Natural recurrió y el Gobierno de Susana Díaz ha recibido, tres años más tarde, un serio revés judicial por una actuación «desprovista de cobertura normativa» . La sentencia del Tribunal Supremo, dictada el 22 de noviembre de 2016 , revela las contradicciones de la Junta. Así, el Supremo recuerda que «la evaluación ambiental de los proyectos ha sido objeto de una completa tramitación por parte de la Junta, que ha tenido ocasión de pronunciarse en reiteradas ocasiones a lo largo del procedimiento, sin que haya planteado objeción alguna ni respecto a la tramitación ni respecto a las posibles afecciones significativas a Red Natura ».

La sentencia del Supremo suspende así la resolución de la Junta por la que detuvo la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), y le obliga así a continuar con el proceso . De hecho, el Gobierno andaluz ya le concedió en 2016 la Autorización Ambiental Unificada positiva a Aznalcázar (otra de las partes del proyecto). A pesar de contar con esta sentencia en contra, José Fiscal afirmó el pasado viernes que acudirá a los tribunales para frenar el proyecto Marismas. Su principal argumento es un supuesto informe que Fiscal atribuyó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), aunque el presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo , ha negado que esta institución científica sea responsable del mismo.

El Tribunal Supremo anula la suspensión de la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada , acordada en su día (abril de 2013), y todo lo actuado por la Junta de Andalucía con posterioridad. Recuerda que durante los años que duró el proceso de tramitación la Junta no puso ningún tipo de objeción. La setencia también declara que la Junta de Andalucía incurrió en incompetencia manifiesta con invasión de potestades que son de ámbito estatal y con indicios evidentes de desviación de poder, lo que supone utilizar competencias administrativas para fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico.

El Tribunal Supremo reconoce que la Junta de Andalucía ha ocasionado una clara indefensión en Gas Natural, al suspender un procedimiento «sine die», y aplica por ello a su conducta la más dura de las sanciones en derecho administrativo que es la nulidad radical , pues incumple el deber de tramitar la Autorización Ambiental.

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