Universidades, las «hermanas pobres» de la Educación andaluza

«El presupuesto destinado a las universidades públicas andaluzas experimenta un incremento del 1,06%, claramente inferior a la subida de hasta el 14% observada en otras consejerías. Es preocupante que las universidades no tengan la misma consideración que el resto del sistema educativo público andaluz, donde el incremento es del 3,8%».

Así se ha expresado, en un duro comunicado, la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), de la que forman parte los diez rectores de estas instituciones académicas, que ayer mantuvieron una reunión de trabajo en Cádiz.

Los rectores, que expusieron en este periódico el pasado domingo los criterios que deberían tenerse en cuenta para diseñar el nuevo modelo de financiación de las universidades, no ocultan su decepción al analizar los presupuestos de la Juntas del próximo ejercicio. «Esta merma –señalan– incide directamente en la calidad de las funciones que tenemos encomendadas y que difícilmente podremos mantener si persisten los criterios de financiación actuales».

Por ello, manifiestan su «inquietud» y reclaman «un compromiso claro con las universidades públicas de Andalucía que vaya más allá de las palabras».

Recuerdan que en los últimos siete años el presupuesto global de las universidades públicas de la comunidad ha descendido un 10%, principalmente en el capítulo de la investigación. En el presente ejercicio, el Gobierno que preside Susana Díaz ha destinado al sistema universitario el 0,97% del Producto Interior Bruto (PIB)andaluz, «lejos aún –se lamentan– de la media nacional, el 1,3%».

Según los rectores, los próximos presupuestos se desarrollarán «en el marco de un nuevo modelo de financiación que debería garantizar la corrección de los desequilibrios generados por el anterior».

Y en este sentido solicitan «el inicio de un periodo de análisis conjunto que permita alcanzar un acuerdo que garantice la sostenibilidad y equidad del sistema en términos plurianuales».

«Éste debería incluir, como paso previo –enfatizan– la liquidación de la deuda pendiente (más de 200 millones) y el desarrollo de un procedimiento que permita el desbloqueo de las transferencias no ejecutadas de investigación de hace más de una década, con una solución semejante a la arbitrada para las entidades locales, así como la garantía del desarrollo de políticas activas de investigación».