Unanimidad en el turismo: «el plan de Pedro Sánchez nos lleva a la ruina»

J.J. Madueño / N. Agrafojo / R. Font

30/04/2020
Actualizado 01/05/2020 a las 11:31h.

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Más dudas que certezas. Y las certezas, absolutamente negativas.Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretendía insuflar oxígeno con su esperado plan de vuelta a la actividad tras el confinamiento anunciado el pasado martes, l o cierto es que ha desconectado del todo los cables de los respiradores de sectores como el hostelero. El turismo y la hostelería, piedras angulares de la economía de la región, ven cada vez más complicada su supervivencia y la transición hacia la «nueva normalidad» no ha sido acogida precisamente como una tabla de salvación.

«Situación complicada», «ruina», «nos aboca al cierre o a despedir plantillas»... De Huelva a Almería —precisamente las provincias que antes podrían verse beneficiadas por las medidas anunciadas por Sánchez, la unanimidad presidió ayer las reacciones a su estrategia. Los hoteles, según lo anunciado, podrán abrir el 11 de mayo siempre que la provincia en la que estén insertos hayan alcanzado la «fase 1» del plan. Pero lo harán sólo para clientes de la propia demarcación y dejando sin uso las zonas comunes . Es decir, ni playa ni piscina, que estará cerrada. En la restauración, si se ha alcanzado ese cierto control de la pandemia, se podrá servir sólo en terrazas pero con una limitación de ocupación del 30 por ciento.

En representación de todos, no ocultó su contrariedad el presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Miguel Sánchez. «¿Quién va a ir a un hotel de su provincia donde sólo le pueden dar una cama para dormir?», se preguntó el dirigente patronal, que no dudó en acusar a Sánchez de generar una «alarma innecesaria» en el sector con su plan por fases.

En términos parecidos se pronunció el presidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, que habló de «ruina total» en declaraciones a este periódico. «Esto es una excusa para no pagar los ERTE», argumentó». Callejón insistió en que resulta inviable abrir hoteles hasta que al menos el cliente nacional, en el que el sector turístico tiene puestas sus escasas esperanzas de salvar en algo el año, no esté en condiciones de moverse por el país. Por ello, pidió que se articulen ayudas o al menos poder mantener los expedientes de regulación temporal de empleo a los que accedieron estas empresas durante seis meses más, durante los cuales cree que se podría ir abriendo paulatinamente.

También en Cádiz se ven las cosas de forma parecida. Para el máximo representante de los hoteleros de esta provincia, Stefaan de Clerck, «abrir un hotel con estas restricciones tanto de movilidad como de capacidad sería inviable, porque podría llevarnos a la quiebra». De Clerck hizo referencia asimismo a las dificultades en que quedan los empresarios acogidos a los ERTE por fuerza mayor. «Obviamente si podemos abrir así, no vamos a tener tanto trabajo. Por eso, tendrán que decirnos cómo rescatar a los trabajadores o cómo lo vamos a hacer», se quejó.

Más hacia Occidente, el plan de Sánchez tampoco se ve como la gran esperanza que devuelva el ánimo al sector. El secretario general del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, Rafael Barba , subrayó que la estrategia del Gobierno ha causado «sorpresa e indignación» ya que mientras que a nivel nacional se estaba preparando la reincorporación a la actividad, «se ha precipitado todo de una manera muy improvisada».

Barba pidió al Ejecutivo que sostienen PSOE y Unidas Podemos que reflexione respecto a las condiciones que se exigen para la apertura de los establecimientos ya que si se parte de «un aforo súper limitado» en el caso de los hoteles, de manera que no se podrían hacer uso de las zonas comunes e incluso dificultades en el desplazamiento de unas zonas a otras , «nos parece que es devolver la pelota al tejado ajeno y ponernos en una situación muy complicada, es una ruina».

En Granada, por su parte, de la reflexión se pasa directamente a la motivación. Pero en sentido negativo. Así, la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada llamó a sus asociados a no abrir cuando llegue el turno, ya que los parámetros recogidos en el plan de desconfinamiento del Ejecutivo puede ser «la ruina» para un sector que genera en esta provincia unos 15.000 empleos directos. El presidente de la federación, Gregorio García, reclamó un «protocolo claro sanitario» a aplicar en hoteles, bares ni restaurantes, además de hacer referencia también a la pieza clave del asunto:la inflexibilidad de unos ERTE cuya letra pequeña puede terminar siendo, paradójicamente, la muerte de cientos de empresas y la invitación a la cola del desempleo para miles de trabajadores.

«Es que con estas condiciones no podríamos pagar ni el recibo del agua». La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal), mostró su «sorpresa», «decepción» e «indignación» por el plan de Sánchez para llegar a la «nueva normalidad» en la que las empresas puedan reabrir.

Desde esta patronal, por un lado, se recordó que sólo un tercio de los locales de restauración de la provincia cuentan con terraza (de la que sólo se podrá utilizar un tercio). Y por otro se calificó de «sinsentido» que se abran hoteles pero sólo para acoger a clientes de la propia Almería, una de las provincias mejor situadas en la «pole position» de la desescalada planteada por el Gobierno central.

¿Y el comercio? Tampoco ve con demasiados buenos ojos las expectativas futuras, que contemplan su apertura a partir de la «fase 1» bajo estrictas medidas de seguridad. «Vamos a tener los mismos gastos y los ingresos con las limitaciones que se han impuesto se van a ver muy reducidos», aseveró ayer Rafael Bados, presidente de la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA). Bados hizo hincapié en que existen «muchas incógnitas» en asuntos fundamentales como las medidas higiénico sanitarias que hay aplicar en los establecimientos, y aludió también a la necesidad de «flexibilizar y acomodar» los ERTE firmados al escalonamiento propuesto por la Administración central para no ahogar a los propietarios.

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