La UDEF requisa documentos de formación en la sede del exconsejero Ojeda

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han entrado este jueves en la sede del grupo empresarial del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda , situada el polígono industrial Aerópolis, cerca del aeropuerto de San Pablo de Sevilla, para requisar documentación que no había retirada durante los registros que llevaron a cabo los investigadores en agosto de 2014 , coincidiendo con la detención del empresario en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) dentro de la operación Óscar contra el fraude de la formación en Andalucía.

Según ha podido saber ABC por fuentes judiciales, los agentes acudieron cerca de las diez de la mañana a la sede del grupo Prescal acompañados por la secretaria del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga las irregularidades en los cursos de formación.

La actuación se produce después de que la juez María Núñez Bolaños , atendiendo a una petición de la UDEF, ordenara el pasado miércoles el desprecinto y clonado de la información de los soportes informáticos con el material intervenido en los diferentes registros realizados en agosto de 2014.

La incautación de la documentación se ha prolongado durante apenas 20 minutos y se han llevado al juzgado una muestra aleatoria de procedimientos de reclamaciones del grupo Prescal , vinculado a Ojeda, frente a terceras empresas por impagos.

Núñez investiga la actividad desarrollada por el Grupo Prescal. Entre agosto de 2009 y diciembre de 2010, asociaciones controladas por Ojeda, como AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura , recibieron 33,3 millones de euros a través de subvenciones excepcionales dentro del dispositivo impulsado por la Consejería de Empleo para formar y contratar a extrabajadores de Delphi.

Ojeda siempre ha defendido que sus entidades han impartido 9.000 cursos públicos y privados en España. « Todos los cursos se han realizado de forma legal , se ha ejecutado en todos sus aspectos y se han justificado», advirtió en la comisión del Parlamento andaluz que investiga las responsabilildades políticas en el caso de Formación. El exconsejero fue imputado por la juez Mercedes Alaya por malversación de fondos públicos y prevaricación.