Coronavirus en Andalucía
El TSJA suspende de forma cautelar la orden que obliga a hacer test a trabajadores de residencias no vacunados
Una asociación se opone a la exigencia de pruebas semanales al personal por entender que afecta a derechos fundamentales
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Granada ha ordenado medidas cautelarísimas para la suspensión de la Orden de 18 de agosto de 2021 por la que la Junta de Andalucía, entre otras medidas de prevención, imponía la realización de pruebas de Covid semanales a los trabajadores de residencias no vacunados en contacto con residentes, para evitar riesgo de contagios.
La Asociación 'Liberum' , autodenominada Asociación Nacional por los Derechos Humanos y creada para denunciar la «usurpación» de derechos y libertades durante la pandemia de coronavirus, solicitó esta medida al alto tribunal andaluz al entender que la medida afecta a derechos fundamentales por «discriminación de trato ante la ley, dado que la norma recurrida ofrece un trato diferente a los ciudadanos vacunados en comparación con los no vacunados sin base legal ni científica que lo sustente e induce de forma coactiva a ser sometido a un tratamiento o prueba diagnóstica invasiva«.
El aumento de contagios detectados en las residencias de mayores entre personal y residentes vacunados en los primeros meses del año al inicio de la campaña para inmunizar a la población contra el Covid llevó a la Junta de Andalucía a ordenar la realización de test semanales a los profesionales que habían decidido no vacunarse ya que eran un vector que podría favorecer brotes en residencias ante la presumible reducción de la cobertura de la vacuna meses después de su administración en personas mayores de 60 años con menor capacidad de generar anticuerpos.
Además, la orden obligaba en los centros sociosanitarios residenciales y no residenciales , así como para las personas trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio , a «realizar pruebas PDIAs al retorno de personas trabajadoras, vacunados y no vacunados, tras los periodos vacacionales y otras ausencias prolongadas , considerando como tal las superiores a 7 días«. La misma medida se ordenaba para residentes vacunados cuando el municipio donde se ubica el centro residencial pertenece a un distrito sanitario que se encuentre en nivel 3 o 4 de aleta sanitaria por Covid.
Según la norma, al personal con pauta de vacunación completa se le realizan pruebas cada dos semanas mientras al personal no vacunado o con pauta de vacunación incompleta se le realizan dos PDIAs semanales . Esta medida, según la asociación, vulnera el ejercicio de la libertad ideológica y religiosa , dado que la norma por un lado puede forzar a ir en contra de las convicciones propias al imponer a los ciudadanos ser sometidos a un tratamiento o prueba diagnóstica que puede ir en menoscabo de dichas creencias, así como afectaría al artículo 18 de la Constitución por vulneración al derecho al honor , a la intimidad personal y a la propia imagen, por afectación de la privacidad de los datos personales sobre la salud, «al imponer a los ciudadanos aporten una prueba diagnóstica negativa a otros empleados, asumiendo estos un papel de controladores de la Salud pública sin ser habilitados para ello».
Tras la aprobación de la norma, la Junta había pedido al TSJA autorización judicial para poder actuar frente a los trabajadores que se negaran a someterse a las pruebas. Ahora la Sala se da un plazo de tres días para oír a las partes y decidir al respecto en un auto.
En Andalucía 662 trabajadores de residencia han rechazado ser vacunados contra el Covid, lo que supone un 1,77 por ciento de los profesionales de estos centros. La negativa a la vacunación en la población general en Andalucía es de un 0,9 por ciento según informó este martes el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo.
En las residencias andaluzas han fallecido 2.156 personas por Covid desde el inicio de la pandemia de los que unos 70 decesos se han registrado en este mes de agosto .
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