El TSJA abre la puerta de la Junta de Andalucía a técnicos externos contratados con sus subvenciones

En una sentencia firme dictada el pasado 2 de diciembre, a la que ha tenido acceso ABC, la Justicia condena por primera vez al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y considera probado que hubo una cesión ilegal de dos trabajadoras contratadas con una mancomunidad de municipios cuyas nóminas se financiaban con cargo a la convocatoria de subvenciones del Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción.

El tribunal concluye que la mancomunidad « se ha limitado a confeccionarles sus contratos de trabajo y nóminas », pero que el empleador de facto es el SAE, que no sólo interviene en la selección de esta mano de obra y le da formación, sino que «además organiza, dirige, controla y supervisa sus tareas» que lleva a cabo autonómica. La administración que concede las ayudas incluso decide sobre sus vacaciones y les ofrece las herramientas informáticas que utiliza el personal del SAE.

Por todo ello, el TSJA ratifica la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba que declaró nulos los despidos de las técnicas contratadas por la Mancomunidad de Municipios de los Pedroches en Córdoba cuyas nóminas estaban financiadas con el citado programa. No sólo desestima los recursos de suplicación interpuestos por la Diputación Provincial de Córdoba en representación de la mancomunidad y de la Junta de Andalucía, sino que condena a las dos entidades a readmitir como indefinidas no fijas a las dos trabajadoras que cesaron el 28 de julio de 2015.

Ante la disyuntiva de integrarse en una u otra entidad —el tribunal les da derecho a elegir—, se han decantado por incorporarse a la agencia adscrita a la Consejería de Empleo , Formación y Trabajo Autónomo. Lo harán «en las mismas condiciones que rigieron hasta sus despidos» y, además, tienen derecho al cobrar los salarios de tramitación desde el momento de su cese hasta diciembre de 2020, es decir, más de 65 meses.

Los plazos siguen corriendo y el dinero que debe abonarles el SAE se incrementa a razón de 2.656,20 euros al mes por trabajadora hasta que el momento en que se haga efectiva su reincorporación, según estima el abogado que representa a las demandantes, Francisco Manuel Sánchez Blancas . La cuantía total ronda los 350.000 euros, a falta de descontar los salarios percibidos por las demandantes en otros trabajos que hayan desempeñado durante este lustro.

Su contratación fue «fraudulenta» para el TSJA. «La mancomunidad se limita a realizar un prestamismo laboral». Actuó como un empleador interpuesto. «Aparece en la posición propia del empresario alguien que no tiene en realidad esa posición, es decir, lo que sucedió es que quien se apropia efectivamente de los frutos del trabajo, dirige éste y lo retribuye no es formalmente empresario, porque su lugar está ocupado por un titular ficticio », en este caso la citada mancomunidad, señala.

La Red Andalucía Orienta está regulada por una orden autonómica del 26 de septiembre de 2014, bajo el anterior gobierno de Susana Díaz (PSOE) , aunque en realidad sus orígenes se remontan a un decreto que establece dicho programa en el año 2004.

Desde entonces y hasta la actualidad, el trabajo de los técnicos de orientación de las unidades colaboradoras del SAE —la mancomunidad que contrató a las demandantes era una de ellas— no ha cambiado. Consiste en realizar entrevistas personales con los parados para adecuar sus demandas a las ofertas o actualizarlas o intermediar para intentar sacarlos de ese pozo en la segunda comunidad con más paro de España (22,74%), sólo por detrás de Canarias (25.22%), según la Encuesta de Población Activa al cierre de 2020.

Hay seis elementos que concurren en este caso y que, a juicio de los tres magistrados que dictan la sentencia, son decisivos a la hora de identificar una cesión ilegal de trabajadores . Los técnicos orientadores han realizado tareas «claramente propias del personal de dicho organismo autonómico» en las unidades de orientación, que vienen reguladas por la orden de 2014. El propio SAE formaba a los técnicos de sus entidades colaboradoras cuyas nóminas subvencionaba. Además, atendían a los parados que acudían a las oficinas de empleo y utilizaban el programa informático conocido como STO (Servicio Telemático de Orientación), cuyo acceso sólo es posible tecleando el usuario y la contraseña que autoriza la propia Administración pública.

Las orientadoras fueron preseleccionadas por una comisión mixta integrada por la Junta y la mancomunidad . Los procedimientos de trabajo los fija en su orden la agencia autonómica, que coordina las unidades colaboradoras a través de sus Centros de Referencia para la Orientación y evalúa la labor de los técnicos contratados.

El programa sigue activo en la actualidad mediante la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a asesorar a los desempleados andaluces para buscar trabajo. El Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto una nueva convocatoria del programa que ha permitido poner en marcha 234 unidades de orientación desde el pasado 28 de diciembre de 2019 hasta febrero de 2022. La Junta ha concedido ayudas por más de 36,5 millones de euros a entidades colaboradoras para atender a más de 219.500 desempleados a través de 732 profesionales técnicos durante los próximos 14 meses.

Desde la actual Consejería de Empleo no se muestran preocupados por que la sentencia pueda dar origen a una cascada de pleitos y aseguran que se trata de un caso aislado y excepcional que se remonta a la pasada legislatura , cuando gobernaba el PSOE. Señalan que van a acatarla puesto que así lo establece el TSJA en una resolución firme y que de momento no les consta ninguna otra demanda vinculada al programa Andalucía Orienta.

En efecto, la sentencia no puede extrapolarse de manera automática al resto de situaciones. La guerra todavía no está ganada en los tribunales pero supone una primera victoria para los afectados que puede traer cola. De hecho, el TSJA reconoce que la situación vivida por las dos trabajadoras demandantes era idéntica que las de los otros mil trabajadores que vieron extinguidos sus contratos en la misma fecha y cuyo despido considera nulo por falta de un expediente de regulación de empleo.

Casi una treintena de orientadores se han puesto en contacto con el abogado que ha ganado la primera batalla al SAE para interponer una demanda al considerar que su situación es la misma. El letrado Francisco Manuel Sánchez Blancas considera «éticamente reprobable» que el SAE, que debería velar por el cumplimiento de la legislación laboral sea condenado por cesión ilegal de trabajadores.

A la vista de los hechos probados en esta resolución, este abogado censura el trato dispensado por la agencia autonómica a los técnicos de orientación que llevan veinte años desarrollando su trabajo en diferentes entidades «con salarios más bajos que los abonados a su propio personal, trabajando realmente para el SAE, con interrupciones en su labor, ya que dependen de los periodos subvencionados·. De hecho, cuando se agota la ayuda, estas tareas son desempeñadas directamente por empleados públicos.