CASO ERE ANDALUCÍA
El tribunal libra de la cárcel a Viera, Fernández, Guerrero y Márquez: su economía no les permite fugarse
La Audiencia de Sevilla niega el riesgo de fuga alegado por la Fiscalía y acuerda no enviar a prisión a Antonio Fernández, José Antonio Viera, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez
El tribunal que condenó a 19 ex altos cargos del Gobierno andaluz en la etapa socialista por la pieza política de los ERE ha librado de la prisión provisional a los exconsejeros de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y José Antonio Viera y a los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez . La Fiscalía Anticorrupción había pedido prisión provisional sin fianza para los cuatro ex altos cargos condenados a más de siete años de cárcel por prevaricación y malversación.
En un auto notificado hoy a los afectados y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla justifica su decisión por que no existe ningún dato adicional del que pueda deducirse la sospecha de que puedan eludir la acción de la justicia.
Los magistrados Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez han acordado que continúen en libertad los cuatro y lo justifican porque no hay riesgo de fuga. Llegan a esta conclusión porque los condenados han comparecido cada vez que han sido citados por los juzgados en distintas causas y además tienen una situación económica que está lejos de ser desahogada y disipa, a juicio del tribunal, cualquier posibilidad de fuga. «L a situación familiar, laboral y económica de los acusados que consta en las actuaciones, no permite suponer que vayan a eludir el proceso», señala el auto.
En la vista celebrada el pasado jueves, las defensas aseguraron que Anticorrupción no había fundamentado ese riesgo de fuga e insistieron en que desde que se inició la instrucción del caso ERE, hace casi nueve años, «siempre han mantenido una actitud de colaboración con la justicia», además de alegar que estos « cobran entre 400 y 700 euros mensuales , al tener embargados sus salarios y sus bienes inmuebles», por lo que consideran «imposible» que se escapen.
La Audiencia mantiene las medidas cautelares impuestas a Francisco Javier Guerrero y Antonio Fernández y acuerda comunicar a la Dirección General de la Policía, la prohibición de expedirles pasaporte. A José Antonio Viera y a Juan Márquez les insta a designar el domicilio en el que puedan ser localizados, debiendo comunicar inmediatamente cualquier cambio del mismo ; la obligación apud acta de comparecer ante el tribunal el primer lunes de cada mes, y cada vez que fueran llamados por este órgano judicial o por el que conozca de la causa, así como la prohibición de abandonar el territorio español, debiendo entregar el pasaporte. También se acuerda comunicar a la Dirección General de la Policía, la prohibición de expedir pasaporte.
La Audiencia cuestiona los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público a cuyo escrito se adhirió la acusación particular del Partido Popular respecto al riesgo de fuga de los condenados. En su resolución, señala que el legislador delimita claramente «cuáles son los criterios que han de tenerse en cuenta para valorar este riesgo, ninguno de los cuales indicaría en este caso un riesgo objetivo más allá de la posibilidad, siempre existente, de que una persona decida no comparecer ante la Justicia».
Los acusados «tienen un domicilio conocido, donde han sido citados cada vez que ha resultado necesario. Han comparecido a los llamamientos judiciales cada vez que han sido citados , la última vez, para la comparecencia celebrada en el día de ayer. Sin que aparezca ningún dato adicional del que pueda deducirse la sospecha de que puedan eludir la acción de la justicia», señala la Audiencia. Contra esta decisión cabe recurso de súplica en los tres días siguientes a la notificación.
La Fiscalía Anticorrupción apeló al riesgo de fuga de los condenados para pedir el ingreso en prisión provisional sin fianza porque también están encausados en otras piezas desgajadas del caso ERE sobre empresas subvencionadas irregularmente.
Los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público fueron el incremento del riesgo de fuga sobre todo tras las duras penas impuestas por la Sala en la sentencia de la causa política y la inclusión de estos cuatros ex altos cargos socialistas en otras piezas del caso de los ERE de Andalucía. Tanto Guerrero como Fernández han pisado ya la cárcel durante la fase de instrucción de la causa de los ERE a instancias de la juez que abrió la macrocausa penal por corrupción, Mercedes Alaya .
En una contundente sentencia conocida el 19 de noviembre pasado, los jueces impusieron al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años de prisión y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación continuadas en el caso de los ERE. Su antecesor en el cargo, Manuel Chaves , fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación. El tribunal censuró a la antigua cúpula del Gobierno andaluz por haber instaurado un «sistema fraudulento» dotado con casi 680 millones que, sin control y de forma opaca, repartió fondos a empresas en crisis. En algunos casos el dinero fue a parar a personas que nunca trabajaron en esas empresas subvencionadas que tramitaron los ERE.
Días antes de las elecciones autonómicas de 2012, el 10 de marzo de dicho año, Alaya ordenó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de Guerrero como presunto autor de hasta seis delitos, en concreto sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil. Permaneció durante más de siete meses en la cárcel de Sevilla I hasta octubre de 2012, cuando quedó libre tras pagar una fianza de 50.000 euros . En marzo de 2013 volvió a ser encarcelado y abandonó la prisión después de tres meses.
Antonio Fernández se convirtió en el primer consejero andaluz que fue a la cárcel, a donde lo envió Alaya el 24 de abril de 2012 después de tres días de interrogatorio. Salió en el mes de agosto de ese mismo año tras pagar una fianza de 450.000 euros . En aquellas fechas, su abogado remarcó que el pago de esta fianza, que se abonó en metálico, fue posible gracias a «la ola de solidaridad» que protagonizaron tanto «amigos de Fernández como ciudadanos anónimos», que, «de forma voluntaria» fueron aportando hasta que se logró reunir la suma total.
En la vista celebrada el pasado jueves, el tribunal dio de plazo hasta las 11.00 horas de este viernes a las defensas para aportar nuevas pruebas que completaran las alegaciones de la Fiscalía sobre las causas abiertas, después de que el letrado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, lo solicitara alegando que los argumentos expuestos por los fiscales «no responden a la realidad».
Cabe recordar que Guerrero además ya está condenado por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla a cinco años y nueve meses de prisión y a diez años de inhabilitación absoluta por los delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial en concurso medial por las contrataciones vinculadas con la empresa Umax Informática y Consultoría , una sentencia que está recurrida y que también condena a Juan Márquez a una pena de cinco años y tres meses de cárcel y nueve años de inhabilitación absoluta.
De los 21 ex altos cargos juzgados, 19 fueron condenados , diez de ellos a penas de prisión que superan los 68 años en total, nueve únicamente a la inhabilitación, entre los que se encuentran el expresidente Manuel Chaves o Gaspar Zarrías. Sólo el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río fueron absueltos de todos los delitos.
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