Jornadas
El Tribunal de Cuentas reclama poder sancionar y no sólo embargar
El presidente de la Sección de Enjuiciamiento, José Manuel Suárez Robledano: «En España nos falta un sistema de sanción inmediata»
La Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla acogió este pasado martes la inauguración del curso « El Tribunal de Cuentas: experiencia práctica y análisis de la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público », que se desarrollará durante varias jornadas. Una de las críticas que se lanzó en su momento frente a esta Ley, que entró en vigor en marzo de 2018 , fue el débil régimen sancionador que se incluía en la misma normativa. A este respecto, pero también con carácter general, el presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas , José Manuel Suárez Robledano , evidenció que en España « nos hace falta un sistema de sanción inmediata », por ello reclamó el establecimiento para el Tribunal de Cuentas de una potestad sancionadora y evitar que sólo pueda decretar embargos .
La jornada fue inaugurada por la presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente , el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, y el decano de la Facultad de Derecho, Alfonso Castro, entre otros.
Después de impartir la ponencia sobre la actuación del Tribunal de Cuentas en la contratación del sector público , Suárez Robledano atendió a este periódico y abordó, a modo de balanc e, el funcionamiento de la Ley de Contratos del Sector Público tras su primer año en vigor.
En la tramitación del nuevo texto legislativo se escucharon voces de distintos sectores por la debilidad del régimen sancionador que se incluía en su articulado. «Quizás habría que perfeccionarlo», admitió Suárez Robledano. Pero para este magistrado este problema es general en España, donde, a su juicio, « nos falta un sistema de sanción inmediata, una reacción rápida frente al que incumpla ».
«Atosigados»
Al hilo de esto, subrayó que el Tribunal de Cuentas sólo puede decretar el embargo de los bienes en caso de no devolver el dinero dispuesto de forma indebida. « No puede imponer sanciones ni multas, que es un medio disuasorio muy importante ».
Como ya hiciera la propia presidenta del Tribunal de Cuentas María José de la Fuente hace unos días, Suárez Robledano se muestra partidario y reclama también que se establezca la potestad sancionadora en esta institución . «Si hay una reacción rápida de imposición de sanción, hay reacción» por parte del afectado y «probablemente se mejore» en la reducción de casos por responsabilidades contables.
Como ejemplo de las «bondades» de un sistema de sanciones ha expuesto el caso de la circulación vial, donde después de agravarse por parte de la Dirección General de Tráfico las sanciones, se redujo la siniestralidad.
Suárez Robledano abogaría por tener poder de sancionar, pero advirtió de que para ello haría falta aumentar los medios materiales y personales, pues actualmente se encuentran «atosigados» por la cantidad de asuntos de responsabilidad contable que ingresan derivados del proceso independentista catalán o los ERE irregulares de la Junta de Andalucía.
Apoyo de las diputaciones provinciales
Entrando a fondo en la valoración de la Ley de Contratos del Sector Público , el presidente de la Sección de Enjuiciamiento ha señalado que se trata de una ley «compleja» , pero celebra que las administraciones «estén cumpliendo lo mejor posible sin negativas ni resistencias».
No obstante, para este magistrado del Tribunal de Cuentas la ley es «demasiado reglamentista» . En España tradicionalmente se abogaban por leyes breves y reglamentos que las desarrollaban más detallados, pero en este texto normativo está «todo en una ley, que es muy detallada, excesivamente, con muchos requisitos que burocratiza un poco».
Con este tipo de leyes «se crea una legalidad pétrea que cuesta mucho cambiar, sobre todo, si se tiene en cuenta la nueva composición parlamentaria donde es difícil alcanzar consensos».
Uno de los ponentes en las jornadas organizadas por el Tribunal de Cuentas expuso como uno de los errores de esta ley la administración electrónica. Suárez Robledano ha indicado a este respecto que si funciona bien es positivo, aunque ha admitido que en España existe «un problema con la administración local , con más de 8.000 ayuntamientos y 4.000 entidades autónomas», que en algunos casos no disponen de infraestructuras ni medios para abarcar esta administración electrónica, cuestión en la que debe aparecer el apoyo de las Diputaciones Provinciales .
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