CASO ERE ANDALUCÍA
El tribunal añade una sesión más por el retraso del juicio del caso ERE: «A este ritmo no terminamos»
El presidente de la sala pide a las partes que «eliminen» las preguntas reiterativas a los testigos para reducir el tiempo de los interrogatorios
El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que juzga, entre otros, a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán , ha anunciado este martes que se va a ampliar el horario del juicio de la pieza política del caso ERE añadiendo una sesión más los lunes por la tarde, debido al retraso del proceso que comenzó el pasado 13 de diciembre.
El presidente de la sala, Juan Antonio Calle Peña, ha asegurado al comienzo de la vista oral que «vamos a tener que añadir una sesión más porque a este ritmo no podemos terminar ». Se justificó de este modo justo antes de que empezara a declarar en el juicio la testigo número 49 de las 150 personas y doce peritos que han sido llamadas a testificar. Se trata de la interventora delegada de la Consejería de Empleo Victoria López Gutiérrez.
El magistrado ha explicado que la Audiencia Provincial de Cádiz está pendiente de celebrar un juicio que afecta a tres o cuatro abogados y esto obliga a agilizar el proceso añadiendo una sesión más los lunes por la tarde. Actualmente, los lunes y los martes sólo hay una sesión matutina, mientras que los miércoles se celebra la vista oral durante la mañana y la tarde.
Calle Peña ha pedido a las partes que no reiteren las preguntas «ya respondidas» . A las acusaciones y las defensas de los 22 ex altos cargos acusados por el sistema irregular de ayudas a prejubilados y empresas en crisis el juez les ha requerido que «no se hagan preguntas cuyas respuestas van a ser obvias a la vista de lo que han declarado anteriormente».
El magistrado ha afirmado que « este tipo de respuestas se pueden eliminar y reducir el tiempo que se dedica al interrogatorio de cada testigo». Según el calendario fijado por el tribunal, hay sesiones programas hasta finales de octubre.
La Fiscalía atribuye a los 22 acusados un delito continuado de prevaricación, por el que pide diez años de inhabilitación, mientras que también ve responsables de un delito continuado de malversación de caudales públicos a 15 de los 22 ex altos cargos procesados. Se les acusa de haber desviado 855 millones de euros de los fondos públicos para empresas en crisis.
Por ambos delitos, el Ministerio Público reclama seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán , mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por el delito de prevaricación, no acusándolo de malversación.
