La transparencia en Andalucía, en servicios mínimos

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía funciona al ralentí. La precariedad laboral en la que está instalado este órgano le impide cumplir los plazos que la normativa establece para resolver las múltiples reclamaciones ciudadanas que recibe, según reconoce su propio director, Manuel Medina, en un escrito enviado al PP andaluz el pasado 25 de abril. Como consecuencia, el instrumento encargado de arrojar luz sobre la actividad de las administraciones en la Comunidad está desbordado.

Este bloqueo obedece a que la Junta de Andalucía no lo ha dotado de personal «con la debida cualificación técnico-jurídica para tramitar y resolver las numerosas reclamaciones, denuncias por incumplimiento de publicidad activa y demás asuntos que diariamento se presentan ante la institución».

Así lo recoge el directivo en su informe, que hizo ayer público la portavoz de Empleo del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Teresa Ruiz-Sillero, quien denunció ante el Consejo de Transparencia que la Consejería de Hacienda no había publicado el anteproyecto de la Ley de Presupuestos para el año 2017. El órgano dio la razón a este grupo político.

La diputada autonómica consideró «gravísimo» que este órgano esté bajo mínimos «porque pone en peligro su buen funcionamiento y a su vez la eficacia, porque no es lo mismo que un recurso se resuelva en un mes a que se haga en dos». Ruiz-Sillero aseguró, asimismo, que se «pone en evidencia la falta de compromiso con la transparencia del Gobierno andaluz», que presentó este instrumento como «la mejor lejía» para limpiar las administraciones de quienes quieren aprovecharse de ellas, en palabras de la presidenta andaluza, Susana Díaz.

La precariedad del consejo viene de lejos, desde su puesta en marcha en 2015. Para salir al paso de esta situación, en el citado ejercicio la Junta recurrió al nombramiento provisional de tres funcionarios durante seis meses, por lo que «las carencias de personal en dicha área han vuelto a repetirse», expone el director del órgano.

Según relata Manuel Medina en su escrito, la propuesta para la dotación mínima de plazas del consejo se presentó en junio de 2016, dentro del plazo previsto en sus estatutos, pero aún hoy «sigue en fase de tramitación».