FISCALIZACIÓN
Trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta ejercen de funcionarios sin serlo
La Cámara de Cuentas descubre un agujero de 60 millones de euros y facturas infladas que obligan al ente público a reformular sus cuentas
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha descubierto un agujero negro de 60,5 millones de euros escondido en la contabilidad de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) de la Junta. Este descuadre millonario, que ha puesto de manifiesto un informe de fiscalización de las cuentas de 2012 publicado ayer, tiene su origen en un cúmulo de saldos pendientes de cobro de la Junta de Andalucía que no tenían un soporte real, pero que la agencia pública empresarial adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio contemplaba como posibles ingresos, mostrando así una imagen distorsionada de sus cuentas.
El descontrol contable se extiende a otros apartados, como el del personal de la agencia o la contratación pública. Los auditores destacan que «la agencia no dispone de funcionarios adscritos que puedan desarrollar las potestades administrativas derivadas de su actuación », tales como «asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización o gestión económico-financiera».
Añaden que tales tareas «se están desarrollando a pesar de no estar contempladas en los estatutos de la entidad ni disponer de personal funcionario». Amaya, que ha creado ocho categorías laborales distintas al margen de los convenios colectivos, se salta así «reiteradas sentencias del Supremo y del Constitucional que establecen que este trabajo sólo pueden realizarlo los funcionarios.
El órgano fiscalizador destaca que hay casi 17 millones de euros en facturas de difícil cobro
Las advertencias de la Cámara de Cuentas acerca de los «problemas de control interno sobre los saldos pendientes» surtieron efecto. El ente instrumental de la Junta que se encarga, entre otras tareas, de extinguir los incendios forestales (Plan Infoca), ha terminado reconociendo este desfase.
En noviembre de 2014, según revela el informe de fiscalización, el consejo rector de Amaya acordó reformular las cuentas anuales de 2013 para reducir o depurar de forma drástica los cobros millonarios pendientes de la Junta. Ascendían a 64,84 millones de euros , cuyo ejercicio de procedencia «se desconoce», según la Cámara de Cuentas. Los ajustes contables se tradujeron en un aumento exponencial de las pérdidas, que pasaron de la noche a la mañana de los 4 millones previstos inicialmente a 64,65 .
La radiografía contable de la agencia muestra incumplimientos legales tan significativos que la Cámara de Cuentas, en contra de su costumbre, decide abstenerse de emitir una opinión tras su estudio. Uno de los hechos que explican esta reserva es que, tras escoger una muestra aleatoria de los pagos pendientes que acumula Amaya , se ha encontrado con que el 70 por ciento de los mismos eran facturas no conformes, que no estaban incluidas en el registro de facturas. Exactamente, 16,79 millones de euros de un total de 23,95 analizados es el importe de las facturas que difícilmente se van a cobrar, cuya antigüedad se remonta a varios ejercicios.
Facturas infladas
Es la propia Consejería de Medio Ambiente, a través de siete direcciones generales, la que arroja dudas sobre los importes recogidos en las facturas. Es más, en algunos casos, considera que las mismas estaban infladas. Así, por ejemplo, Amaya arrastra una factura de 2,59 millones de euros de hace 16 años con la que no está conforme la Dirección General de Infraestructuras porque está inflada en 1,47 millones. La Cámara de Cuentas enumera hasta 34 facturas en la misma situación: unas son rechazadas por exceso y otras en su totalidad. Amaya cerró 2012 con 518 facturas pendientes de cobrar por más de 46,16 millones.
Por otro lado, la Cámara de Cuentas señala que de forma recurrente trocea adjudicaciones millonarias en contratos menores , para sortear, de este modo, las limitaciones que establece la Ley de Contratos del Sector Público. Considera «excesivo» el número de expedientes tramitados como contrato menor, que en el ejercicio fiscalizado superan la cifra de 2.000 . «Se ha observado la similitud de los objetos de numerosos expedientes tramitados como contrato menor, lo que podría suponer la conculcación de los principios de publicidad y concurrencia [...] Estos hechos podrían ser constitutivos de fraccionamiento del objeto de los contratos », afirma.
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