Así fue el tenso enfrentamiento entre la juez Nuñez y la abogada del PP

La enconada pugna que mantiene la acusación ejercida por el PP y la juez que investiga el caso Formación se trasladó ayer desde los escritos, cargados de minas, a los interrogatorios. Un alegato de la exdirectora general de Formación Profesional para el Empleo María Teresa Florido, cuñada del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda , durante su segunda comparencia judicial, dio pie a un enfrentamiento abierto entre la letrada del PP Lourdes Fuster y la magistrada que relevó a Mercedes Alaya al frente del juzgado en junio de 2015.

La ex directora general, que está imputada en la pieza política del caso junto a otros 23 ex responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), negó que haya formado parte de ninguna «conspiración para delinquir» ni «trama organizada» , según contó a los periodistas su abogado, Jon Ander Sánchez, quien insistió en que su defendida se abstuvo de participar en la tramitación de los expedientes de ayudas concedidas a su cuñado, consejero andaluz de Hacienda entre 1987 y 1990. La «galaxia» de empresas y asociaciones vinculadas a Ojeda recibió 52,6 millones de euros entre 2008 y 2013 en fondos públicos para formar a parados y trabajadores.

Pero el choque de trenes, con voladura de puentes , llegó al final de la comparecencia de Florido que fue citada a declarar a petición propia a pesar de que ya había trascendido que el juzgado va a archivar la causa—se conoció en la recta final de la campaña electoral pasada— amparándose en los testimonios de interventores de la Junta. El PP sí cree que la Junta tejió una red de «clientelismo político» con las ayudas para cursos de formación, como sospechaba Alaya y dejó escrito en uno de sus explosivos autos pocos meses antes de que se marchara del juzgado para ocupar una plaza en la Audiencia de Sevilla.

Al término de su declaración, Florido, que contestó las preguntas de todas las partes a excepción del PP —al que acusó de perseguirla durante tres años — se despachó con una sarta de «improperios» contra el actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido , y el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. La abogada Lourdes Fuster solicitó sin éxito amparo a la magistrada para que abortara estos comentarios improcedentes sobre personas ausentes y que « nada aportaban al esclarecimiento de los hechos que se investigan ». Utilizando unos argumentos expuestos por la juez en anteriores interrogatorios, la letrada esgrimió que el juzgado no es el Parlamento y que las críticas políticas no tienen cabida en una sede judicial, explicó.

Pero su esfuerzo fue vano. La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla desoyó su petición tras recordarle que dirigir los interrogatorios y ordenar los turnos de palabra son competencia suya. Ante su respuesta, la abogada no pudo contenerse y le espetó: « Yo me imaginaba que usted la iba a dejar que siguiera hablando », ante el estupor de algunos de los presentes en el interrogatorio, incluidos el fiscal y la propia juez, según fuentes presentes en la declaración.

La brecha que separa al PP y a la juez ha llegado a un punto de no retorno, sobre todo a raíz de que el pasado mes de julio los letrados que ejercen la acusación denunciaran a la magistrada por presunta parcialidad ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el mayor reproche que cabe hacérsele a un profesional de la Justicia.El PP le atribuye dos faltas muy graves por su prejuicio al instruir el caso, porque se dio a conocer el caso iba a ser archivado sin haber concluido las diligencias , y por la falta de motivación de algunos de sus autos, acreditada por la Audiencia.