TRIBUNALES
Susana Díaz será juzgada por imputarle un «falso» delito de odio a Spiriman
El juicio contra la secretaria general del PSOE andaluz por intromisión en el derecho al honor se celebrará el 28 de septiembre próximo
La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz , será juzgada en un procedimiento civil por imputarle al médico Jesús Candel, más conocido como Spiriman, un delito de odio del que nunca ha sido acusado ni enjuiciado . El Juzgado de Primera Instancia número 17 de Granada ha puesto ya fecha y hora al juicio contra la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía. La vista se desarrollará el 28 de septiembre próximo a las 10.00 horas , tal y como acordó el juzgado en la audiencia previa celebrada el pasado martes, según ha podido confirmar ABC a través de fuentes judiciales. Susana Díaz será juzgada por intromisión ilegítima en el derecho al honor de Spiriman, tras la demanda civil presentada contra ella por el promotor de las protestas contra la fusión de hospitales en Granada.
El responsable de la Asociación Justicia por la Sanidad denunció que la secretaria general de los socialistas andaluces vulneró su derecho al honor y le reclama una indemnización de 6.823 euros en concepto de daños y perjuicios al atribuirle «uno de los peores delitos que puede cometer el ser humano», «a sabiendas de la inexactitud de sus manifestaciones» en los medios de comunicación, en las que aseguró que Spiriman había incitado al odio.
En la audiencia previa, la juez ha admitido que Susana Díaz sea interrogada, como solicitaba la abogada de Spiriman, María del Carmen Castilla Gómez . Además, la magistrada ha aceptado que declaren como testigos el exvicepresidente de la Junta y mano derecha de Díaz, Manuel Jiménez Barrios , y el exviceconsejero de Salud Martín Blanco , que dimitió tras las protestas ciudadanas impulsadas por las mareas blancas contra la gestión del Gobierno de Susana Díaz en materia sanitaria. Ambos testigos los había propuesto el letrado de la líder socialista, que ahora está inmersa en la campaña de las primarias de su partido para repetir como candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía.
En cinco ocasiones lo acusó
En su demanda presentada el pasado 24 de noviembre, la representación jurídica de Jesús Candel expone que la dirigente socialista « hasta en cinco ocasiones le acusa de incitación al odio » en unas declaraciones realizadas a la prensa el 26 de junio de 2019, después de que declarara por videoconferencia como testigo en un juicio contra el doctor granadino por supuestas injurias y calumnias hacia ella y el exviceconsejero de Salud Martín Blanco.
En las diligencias informativas que se siguieron ante la Fiscalía Provincial de Granada contra el médico, la denuncia por delito de odio fue archivada. La «Sra. Díaz Pacheco tenía pleno conocimiento que al Sr. Candel se le imputaba únicamente dos delitos de injurias y calumnias con publicidad, no se le juzgaba por la comisión de un delito de odio. Hecho que era conocido por la Sra. Susana Díaz porque estaba personada en el procedimiento a través de los letrados de la Junta de Andalucía y tuvo acceso a toda la documentación del procedimiento», advierte la demanda. «Como licenciada en Derecho se le debe exigir un plus más que al resto de la población», añade.
«Como licenciada en Derecho, a Susana Díaz se le debe exigir un plus más que al resto de la población», advirtió la demanda
Para la letrada del médico granadino, Díaz trató de «confundir a través de los medios de comunicación a la ciudadanía, haciéndole creer que al Sr. Candel se le juzgaba ese día por delito de odio, uno de los peores delitos que puede cometer el ser humano ». «Lo hace -prosigue en su escrito- con el claro propósito de dañar el honor del Sr. Candel ante los medios de comunicación, para conocimiento de la ciudadanía, con el objetivo de crear la idea previa de que Jesús Candel se le va a condenar por delito de odio, ya que estas declaraciones las realiza en una rueda de prensa a la salida del juzgado donde había declarado por video conferencia».
El Juzgado de lo Penal número 6 de Granada condenó por injurias al impulsor de las movilizaciones contra la fusión sanitaria de Granada al pago de una multa de 6.480 euros y a indemnizar con 2.500 euros a la expresidenta andaluza. Dicha sentencia no es firme , porque ha sido recurrida y aún está pendiente de resolución.
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