Sólo el 4% de las inspecciones de la Junta de Andalucía en centros sociales terminó en multas

Según consta en esta memoria, los 42 inspectores de la Junta que están desplegados por las ocho provincias, realizaron durante el año 2021 un total de 3.331 actuaciones en los centros sociales, algunas de oficio, otra por situaciones extraordinarias y otras por denuncias de los usuarios o sus familiares. Sólo el 4% de estas actuaciones se saldó con propuestas de sanción, con multas que se están tramitando a partir de 3.000 euros, si bien lo habitual es que se consideren infracciones graves por lo que la sanción económica oscila entre 90.000 euros y un millón.

La decisión más grave que han tomado los inspectores —que hacen funciones de Policía porque son autoridad pública reconocida así por la ley— ha sido el cierre de dos centros de mayores en la provincia de Sevilla. Una actuación que se llevó a cabo en plena pandemia y con el consiguiente traslado de los residentes en los mismos. Se trata de una medida completamente excepcional pero que se tomó para proteger la salud de los mayores.

Uno de los datos relevantes a tener en cuenta es que el 33% de las actuaciones de los inspectores se debe a lo que denominan situaciones extraordinarias, es decir, informaciones que les llegan de presuntas irregularidades en los centros. Se trata de informaciones o quejas de los usuarios o sus familiares, denuncias incompletas o informes extraordinarios que alertan de situaciones anómalas que son oportunamente investigadas por la Inspección. En este sentido cobra mucha relevancia el teléfono del mayor (900 858 381) que está disponible 24 horas al día todo el año para atender las situaciones de riesgo o de vulnerabilidad.

Durante todo el año pasado, los servicios de inspección de la consejería que dirige Rocío Ruiz , recibieron 84 denuncias formales y documentadas por parte de residentes en estos centros o familiares. La mayor parte de las denuncias se debieron a la «omisión o inadecuada prestación de asistencia sanitaria y farmacéutica» y a la «omisión o inadecuada prestación de un tratamiento asistencial adecuado». Hay que destacar que se han presentado doce denuncias (nueve en centros de mayores y dos en los de discapacitados) por «vulneración del derecho a un trato digno», y otras ocho denuncias por «vulneración del derecho a la integridad física y moral» (cuatro en centros de mayores otros cuatro en los de discapacitados). La mayor parte de estas denuncias se produjeron en los centros de mayores seguidos de los de discapacidad.

El secretario general de Políticas Sociales, Daniel Salvatierra , explica a ABC que actúan con contundencia cuando detectan incumplimientos por parte de estos centros, «no nos tiembla la mano», explica para defender que la tónica general es que funcionen bien aunque siempre hay cosas que mejorar.

Las inspecciones que realiza la Consejería de Igualdad abarcan a todos los tipos de centros sociales de la Junta. Así, vigilan las residencias de mayores, los centros de día y las viviendas tuteladas, las residencias de personas gravemente afectadas por la discapacidad, los centros de terapias ocupacionales y las residencias de adultos. En los recursos que atienden a los menores también se inspeccionan las casas así como las casas hogar. Por último se vigilan todos los centros de servicios sociales que atienden a la población en general.

Los inspectores de Servicios Sociales han intensificado en el año pasado su habitual trabajo con la Fiscalía de Mayores y Discapacitados que coordina Fernando Santos Urbaneja. El objetivo ha sido poner el foco en las personas más vulnerables sobre todo en los momentos más duros del confinamiento del año 2020 y agilizar las actuaciones en el caso de que fuese necesario.

La valoración de este trabajo que hacen los propios protagonistas es que ha habido errores y fallos en los procedimientos para enfrentarse a la pandemia si bien se han debido a la falta de información sobre el Covid-19.

Daniel Salvatierra explica a ABC que los centros de mayores y discapacitados no son hospitales «ni deben serlo» por lo que ha sido muy difícil contener los contagios cuando ha entrado el virus. Ahora, una vez superada la fase más aguda de la pandemia —si no se tuercen las cosas como ya ha sucedido— el problema desde finales del año pasado y que todavía persiste, es encontrar el equilibrio entre la protección de los mayores y su derecho a la libertad individual y a recibir visitas. El siguiente paso es retomar sus actividades y permitir el acceso de todos los programas de voluntariado.

«Todos los centros quieren recuperar cuanto antes su vida ordinaria pero ha imperado la prudencia. Todas las semanas teníamos comunicaciones con los centros para recibir su feedback sobre lo que estábamos haciendo», explica Salvatierra quien considera que es objeto «de una tesis doctoral» analizar cómo les ha afectado esta situación a los residentes».