Sobrecostes, ayudas sin justificar y otras trampas heredadas del PSOE en Andalucía
La Junta estimó en 800 millones de euros la factura por los reveses judiciales
Cuando los nuevos responsables de la Junta de Andalucía del PP y Ciudadanos tomaron posesión de los despachos oficiales no se imaginaban qué se iban a encontrar. Algunos tardarían unos días en enterarse porque el equipo saliente se había llevado hasta el ordenador. Los socialistas habían perdido la Junta después de casi 37 años ininterrumpidos y el tiempo les había hecho creer que la institución era algo suyo. Pero la falta de algún material de trabajo no fue, ni de lejos, la sorpresa más desagradable que les iba a deparar la transmisión de poderes. Enseguida, descubrieron numerosas vías de agua en el «trasatlántico» de la Junta, más difíciles de arreglar en la «mayor empresa» de Andalucía.
El Gobierno andaluz echó números acerca de las condenas judiciales que aguardaban a la Administración y cifró en casi 800 millones el coste de los fallos. El nuevo vicepresidente, Juan Marín, definió con expresividad gaditana lo ocurrido tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018: «En el PSOE se han quitado de en medio y han dejado este marrón al nuevo gobierno del cambio».
La Junta de Andalucía ha tenido que desembolsar ya 196 millones debido a las reclamaciones judiciales por las obras de los tranvías y de los metros y esa cifra se puede elevar hasta los 226 millones por las cantidades pendientes de sentencia. La Administración está inmersa en 50.000 procedimientos judiciales.
El tranvía de Alcalá
De los 196 millones abonados, 175 millones corresponden a la línea 1 del Metro de Sevilla, 8,4 millones por el metro de Granada, 3,8 millones por el metro de Málaga -cuya línea 1 está en construcción-; dos millones por el tranvía de Alcalá de Guadaíra (Sevilla); 5,2 millones por el tranvía de Jaén y 637.000 euros por el tranvía de la Bahía de Cádiz, según el desglose que hizo la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, el 12 de noviembre.
Mientras estaba en funciones y antes del cambio de gobierno, Susana Díaz autorizó el pago de 168,26 millones de euros (con intereses) al empresario Tomás Olivo por frenar las obras del centro comercial Nevada en Granada debido a un error judicial.
El pasado 27 de septiembre, el Ministerio de Hacienda ya conminó por carta al consejero de Hacienda, Juan Bravo, a ajustar sus gastos por incumplir el objetivo de déficit. Éste le replicó que la desviación obedecía a que se habían computado deudas que arrastraba la comunidad cuando Montero estaba al frente de las finanzas andaluzas, como el sobrecoste en la construcción del Metro de Sevilla.
Aparte de los fallos en contra, la Junta se ha encontrado con 3.400 millones procedentes de subvenciones, libramientos sin justificar y derechos de cobro, algunos de los cuales son deudas de hace más de 30 años, fondos que son irrecuperables.
A pesar de tener tantos elementos en contra, el pasado mes de marzo el nuevo Ejecutivo del PP y Cs logró colocar en el mercado bonos de deuda pública andaluza por importe de 700 millones de euros a un coste de +22 puntos básicos, a menor coste en la anterior emisión realizada por la Junta de Andalucía en octubre de 2018, antes del Gobierno del cambio.
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