TECNOLOGÍA
Los sistemas informáticos de la Junta de Andalucía sufren más de 7.300 ciberataques al año
El 23% es causado por virus dañinos como el que bloqueó la página web del SEPE

En los últimos días el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se unió a la larga lista de organismos públicos y empresas que han sido víctimas de un ciberataque. Un virus de secuestro informático (en inglés ‘ransomware’) provocó la caída de la web ... que gestiona los pagos de las prestaciones y subsidios por desempleo. La Junta de Andalucía no es ajena a la amenaza de estos programas dañinos.
Durante el año 2019, los sistemas informáticos y redes de telecomunicaciones de la Administración autonómica sufrieron 7.752 incidentes de seguridad, según la red interna de alertas de AndalucíaCERT, un 4 por ciento menos que en 2018. Entre 2017 y 2019, las aplicaciones autonómicas han sido blanco de un promedio anual de 7.336 ciberataques de distinta naturaleza.
Detrás del 22,8 por ciento de los casos estaba un virus malicioso troyano o ‘ransomware’, como el que se ha cebado con el SEPE , capaz de aprovechar un punto vulnerable del sistema para encriptar archivos, robar contraseñas y secuestrar datos . Según revela el informe de la cuenta general de la Junta de Andalucía referido al ejercicio de 2019 y elaborado por la Cámara de Cuentas de Andalucía, hasta 1.772 problemas detectados tenían su origen en un código dañino, un ‘software’ cuyo objetivo es «infiltrarse o dañar un ordenador, servidor u otro dispositivo de red, sin el conocimiento de su responsable o usuario y con finalidades diversas».
El 80% de problemas tienen su origen en un virus, robo de datos e intrusiones
Para prevenir y desactivar los virus más destructivos, la Administración autonómica cuenta con su propio equipo de especialistas , la llamada AndalucíaCERT, encargado de prevenir, detectar y resolver cualquier asalto o perjuicio externo que afecta a los servidores y terminales que manejan los trabajadores de la mayor ‘empresa’ de la comunidad, que es la Junta de Andalucía.
« Más del 80 por ciento de los incidentes fueron causados por código dañino , política de seguridad, obtención de información, contenido abusivo e intrusiones», atendiendo a la clasificación que recoge el informe.
‘Hackeo’ al SAE
Estos sabotajes informáticos se resuelven rápido y no suelen trascender, aunque algunos causan un verdadero quebradero de cabeza a organismos públicos y empresas. Uno de los casos más sonados fue el que sufrió el Servicio Andaluz de Empleo en octubre de 2019. Su cuenta en la red social Twitter cayó presa de un pirata informático y empezó a difundir mensajes amenazantes y ofensivos para el presidente nacional del PP, Pablo Casado . Hubo que actuar para recuperarla.
Según la memoria de AndalucíaCERT, en dicho año se produjeron 1.077 intrusiones o ataques dirigidos a colarse en sus sistemas informáticos, a los que se sumaron otros 205 fraudes relacionados con la suplantación de identidad, que representan el 13,8 y el 2,6 por ciento de los incidentes detectados en la Junta durante 2019.
A finales de 2019 sólo el 34% de los entes de la Junta tenía una plan de seguridad
Una resolución del 26 de enero de 2018, de la antigua Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, obliga a los organismos y entidades de la Junta a integrarse en el Centro de Seguridad TIC AndalucíaCERT. Según la Cámara de Cuentas, de las 86 entidades afectadas por la norma, 66 se habían incorporado a esta red de alerta en el año 2019. El 80 por ciento de los incidentes se localizó en catorce organismos.
El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) establece los principios básicos, requisitos mínimos y controles de ciberseguridad que deben cumplir los sistemas de información de las administraciones públicas. En abril de 2019, cuando el gobierno de coalición del PP y Ciudadanos llevaba menos de cuatro meses de rodaje, el Comité de Seguridad TIC aprobó un plan de acción y adecuación al ENS. En él se marcó como objetivo que a finales de 2000 todos los organismos de la Junta estuvieran protegidos con una política de seguridad acorde con los riesgos a los que estaban expuestos.
A la vista de los datos, según la Cámara de Cuentas, aún queda camino por andar en este terreno: «Si bien los grados de consecución en septiembre de 2020 han mejorado ligeramente de forma general respecto a diciembre de 2019, todavía están lejos del 100%». El Informe Nacional del Estado de Seguridad, del que se hace eco la Cámara, revela que « únicamente el 34% de las entidades dispone de política de seguridad , el 42% cuenta con responsable y el 44% con un comité de seguridad».
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