TRIBUNALES
Sindicalistas declaran que la Junta de Andalucía les reclamó una deuda millonaria cuando estaba prescrita
Declaran exdirigentes de CCOO en la causa contra CCOO y UGT por la apropiación de 6,7 millones públicos por las residencias de tiempo libre
Antiguos dirigentes regionales de Comisiones Obreras han declarado ante el magistrado Juan Jesús García Vélez que la Junta de Andalucía no les reclamó una deuda millonaria contraída por este sindicato y la UGT-A por la gestión de las residencias de tiempo libre hasta el año 2015, cuando ya había prescrito el derecho a reintegrar los fondos públicos, como certificó la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en una sentencia posterior.
Este martes prestaron declaración en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla el exsecretario general de CCOO-A Julio Ruiz Ruiz y las exsecretarias de Servicios Juana Mancilla Caro y Maribel Hernández Martínez, en el marco de una investigación abierta contra las antiguas cúpulas regionales por apropiarse supuestamente de 6,7 millones de euros de fondos públicos recaudados entre las familias de trabajadores que veraneaban en las residencias de tiempo libre de la Junta entre 2003 y 2006. Aunque también estaba citado en calidad de investigado, el exlíder de CCOO-A Francisco Carbonero excusó su comparecencia debido a una cuarentena por el coronavirus.
La Guardia Civil ratificó ayer su informe, en el que reseñaba que en julio de 2006 el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero envió a los sindicatos dos oficios exponiendo que «debían proceder al ingreso de las cantidades adeudadas». Los investigados de CCOO declararon que no existe el recibí de dicho oficio porque el dinero no fue reclamado hasta 2015, según indicaron a ABC fuentes del caso.
En la causa están investigados seis ex dirigentes sindicales y tres exdirectores generales de Trabajo de la Junta tras una denuncia penal de la Fiscalía de Sevilla. En su declaración en el mes de julio en el juzgado, los ex altos cargos de la Consejería de Empleo Juan Márquez y Daniel Rivera indicaron que el jefe de servicio nunca les informó sobre la citada deuda, por lo que desconocían su existencia. A preguntas de la defensa de Márquez, el guardia civil que ratificó el informe policial alegó que los supuestos indicios delictivos contra él derivan del cargo que ha ocupado. Fue director general de Trabajo entre abril de 2008 y abril de 2010.
En su declaración judicial, los sindicalistas también advirtieron de que la deuda no se cuantificó hasta que el asunto llegó al TSJA, nueve años después, porque en el año 2007 la Junta de Andalucía asumió la gestión directa de las residencias de tiempo libre y dejó de funcionar el órgano encargado de fijar las cantidades que UGT y CCOO debían reintegrar en las arcas públicas.
Según la denuncia presentada por la Fiscalía el pasado 7 de mayo, ex altos cargos de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta entre 1999 y 2012 no «hicieron nada para conseguir que los representantes legales de los sindicatos ingresaran voluntariamente o bien de forma ejecutiva las cantidades que adeudaban, pese a estar obligados a ello por su cargo y sus funciones». Como consecuencia de su «inacción», prescribió desde el punto de vista administrativo el derecho de la Junta para reclamar a las centrales sindicales las cuantías adeudadas: 4.025.433,92 euros, en el caso de CCOO, y 2.699.365,78 euros es la cuantía reclamada a la UGT.
Documentación comprometedora
El detonante de esta investigación fue una documentación que la Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo de la Junta, remitió en julio a la Fiscalía de Sevilla, seis meses después del desembarco del PP y Ciudadanos en el Gobierno andaluz . El Ministerio Público abrió una investigación y encomendó un atestado a la Guardia Civil. Los agentes policiales cifraron en 6,7 millones las cuantías «presuntamente apropiadas y no liquidadas» entre 2003 y 2006, que inicialmente la Administración había cuantificado en 7,4 millones de euros.
Los orígenes se remontan a la etapa del presidente Manuel Chaves. El 2 de febrero de 1999, el Consejo de Gobierno andaluz aprobó un decreto por el que cedía la adjudicación de dichas plazas a ambos sindicatos.
La operación daba un trato privilegiado a dichas centrales frente a otras organizaciones sindicales, como certificaron los jueces. El acuerdo, anulado por los tribunales, permitía a UGT y CCOO quedarse con el 20% del total recaudado por el alquiler de las plazas de siete residencias de titularidad pública, en concepto de gastos de gestión. El 80% restante tenía que ser ingresado a las arcas autonómicas. Durante siete años, «los sindicatos, en las personas de sus representantes legales, desoyeron de manera contumaz, los requerimientos de pago de las cantidades que retenían indebidamente», según advirtió el Ministerio Público.
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