Sin trabajadores andaluces para la fresa

Las plazas de los municipios agrícolas de Huelva, desde Almonte hasta la zona occidental de la Costa, dejaron de ser sedes temporales de oficinas de empleo para el campo. Se desterró el bullicio, el ir y venir de temporeros durante horas a la espera de que algún manijero o empresario local los incluyera en su cuadrilla. Las miles de contrataciones que genera el campo en la provincia onubense, alrededor de unos 100.000 contratos previstos para este año (frutos rojos y cítricos) según Freshuelva , se pelean en línea directa con el sector —en colaboración con las administraciones— o a través de intermediarios con los que, las más de las veces, ya no se negocia cara a cara. Internet también se ha colado de lleno en el campo. Cientos de portales de empleo vociferan en la red los puestos de trabajo vacantes, de forma especial para la campaña de la recogida de la fresa, que está a la vuelta de la esquina.

La búsqueda de mano de obra se intensifica en la c uenta atrás para el comienzo de la temporada (marzo) y después de que la oferta de 11.900 puestos lanzada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para la recolección, se cerrase con poco más de 800 desempleados locales postulados para cubrirlos.

Mientras, en las explotaciones, la superficie de cultivo de frutos rojos alcanza esta campaña las 11.145 hectáreas , lo que supone un incremento del 11,12% respecto al año pasado, según los datos de Freshuelva, Asociación que aglutina a Productores y Exportadores. Solo a este fruto (fresas) se destinan 5.890 hectáreas, superficie que se incrementa un 9% después de varios años de bajadas encadenadas.

La sede de la Fundación Europea para la Cooperación Norte Sur (Fecons) en Lepe da de comer a diario a unas 200 personas, alcanzando puntas máximas de hasta 417 en plena campaña. Su portavoz, Mónica Montaño, avisa de que este año se prevé que «llegue mucha gente», que se sumará a los migrantes dispersos en los asentamientos «en condiciones lamentables y que son mano de obra barata, precaria y en B», situación que achaca a «falta de voluntad política». Desde la patronal, García Palacios exige a las administraciones que «persigan y sancionen» estos casos al tratarse de delitos contra las personas. «En Asaja no damos cobertura a quienes no cumplan la legislación».