Al simulador de la Junta de Andalucía para el impuesto de sucesiones tampoco le salen las cuentas

No todos los contribuyentes que utilicen el simulador de la Junta para calcular el teórico importe del impuesto de sucesiones van a tener tanta suerte como doña Jacinta, el personaje de ficción que protagoniza un curso «online» con el que la Consejería de Hacienda ilustra a sus funcionarios sobre las bondades de este tributo.

Si doña Jacinta hubiese heredado de su difunto padre una vivienda con un valor catastral del 68.000 euros en la pequeña localidad granadina de Murtas, se habría llevado un disgusto. Divorciada, con tres hijos, sin más ingresos que un subsidio de desempleo de 426 euros al mes, María —la antítesis de doña Jacinta, que sólo paga 3.064 euros— tendría que hacer frente a una liquidación de 65.270,42 euros , según la asombrosa cifra que arroja el simulador creado por Hacienda para demostrar que la mayoría de andaluces «no tienen que pagar nada». El de María es uno de los casos prácticos difundidos por el PP andaluz en las redes sociales para desarmar el discurso del Ejecutivo.

¿Qué sucede en este pueblo que no llega a los 500 habitantes para que se pague tanto por heredar? Para explicar este desfase hay que consultar la orden que publicó el BOJA el pasado 3 de agosto por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para determinar el «valor real» de los bienes inmuebles urbanos de cara a la liquidación de tres impuestos: sucesiones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

En Murtas, el pueblo natal de esta contribuyente inventada, el «valor real» de las viviendas a los ojos de la Administración se obtiene multiplicando por cinco (en concreto, 5,06) el valor catrastral que aparece en el recibo de la contribución.

La «multa» fiscal de Murtas -valga la redundancia- está relacionada con la última fecha de actualización del Catastro , que en este municipio se remonta al año 1994. La Junta aplica un coeficiente al alza para corregir ese salto temporal.

Los coeficientes, que la Junta revisa cada año, son un quebradero de cabeza para los contribuyentes. Manuel Navarro, experto en Derecho Fiscal, advierte de que «el valor real a efectos de liquidación muy pocas ocasiones coincide con el valor del mercado ; es imposible vender un inmueble en ningún caso por el valor que se le da».

El Defensor Del Pueblo lleva años denunciando esta injusticia sin que la Junta le haga caso. En su informe de 2015, censuraba que a pesar de la devaluación del ladrillo, en Andalucía y otras regiones no sólo no se actualizan los valores catastrales sino que los multiplican por unos coeficientes para hacer una valoración que no se compadece con la realidad.