Una serie de asesinatos para televisión levantó la liebre del nuevo caso de corrupción de CC.OO. y UGT
Un rodaje en la Residencia de Tiempo Libre de Marbella condujo a la deuda millonaria de los sindicatos
El azar es caprichoso y jugó un papel decisivo para sacar a luz la deuda millonaria oculta de los sindicatos con la Junta de Andalucía por la gestión de las residencias de tiempo libre . Todo comenzó con una serie para la televisión. En febrero de 2019, la productora Mediapro solicitó autorización a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo para rodar en la residencia de tiempo libre de Marbella una serie hispano-filandesa de intriga y suspense titulada «The Paradise» y protagonizada por una inspectora escandinava que sigue la pista de un asesino en serie.
La Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral encargó informes sobre los antecedentes de la explotación de esta red de recintos públicos que se alquilaban a las familias de clase media para veranear a precios económicos.
La productora había pedido permiso a la Administración autonómica para filmar la trama en varios bungalós y edificios de esta ciudad de vacaciones. Lo que no se imaginaban los nuevos responsables de la Consejería que dirige Rocío Blanco (Ciudadanos) es que la verdadera intriga no estaba en la serie policíaca sino en el contenido del informe que habían encargado a los funcionarios.
El documento reveló que Comisiones Obreras y la UGT de Andalucía debían a la Hacienda Pública hasta 7,4 millones de euros, cifra rebajada a 6,7 millones tras la exhaustiva investigación llevada a cabo por la Guardia Civil por encargo de la Fiscalía de Sevilla. Tras descubrir el supuesto «pufo», se encargó otro informe a la asesora jurídica de la Consejería, que advirtió de la obligación de ejercer acciones penales al apreciar «posibles indicios de un delito grave de malversaciónde fondos públicos», toda vez que la vía administrativa había prescrito y la posible responsabilidad contable caducó entre 2015 y 2017.
Las residencias de la época de Franco
La Junta tiene siete residencias de tiempo libre repartidas por distintos lugares, que fueron transferidas por el Estado en el año 1984: Marbella, Aguadulce (Almería), Cádiz y La Línea, Pradollano (Granada), Punta Umbría (Huelva) y Siles (Jaén). La de Marbella se creó en 1962 como Ciudad Sindical para facilitar el descanso y el ocio de los trabajadores, coincidiendo con la eclosión turística de la Costa del Sol en dicha década. El ministro franquista José Solís promovió este y otros complejos vacacionales para que familias con escasos recursos disfrutaran de la playa codeándose con la «jet set» que ya frecuentaba Marbella.
Entre 1999 y 2006, el Gobierno de Manuel Chaves cedió por decreto y en exclusiva la gestión de estos recintos a UGT y CCOO. Otras organizaciones, como USO y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), acudieron a los juzgados para acabar con lo que consideraban un agravio. Alegaron que habían sido discriminados porque afiliados de otros sindicatos y el resto de ciudadanos tenían los mismos derechos a pasar las vacaciones con sus familias en estos inmuebles públicos, con independencia de su adscripción política o sindical.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón a USO en mayo de 2000 y anuló el artículo 7 del decreto del Consejo de Gobierno al considerar que se estaba vulnerando el derecho a la libertad sindical en condiciones de igualdad. La Junta mantuvo la cesión hasta que la sentencia adquirió firmeza cinco años después en el Supremo.
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