Sentencia del caso ERE
Un paso en la investigación de 5.000 millones de euros
El fallo de la Audiencia es el primero sobre las 182 causas del llamado caso ERE, que es sólo una parte del proceso a la corrupción en Andalucía
El caso ERE no termina aquí. Y mucho menos el cerco judicial a la corrupción del PSOE en la gestión de la Junta de Andalucía. En realidad, la resolución judicial del caso ERE no ha hecho más que empezar. La macrocausa quedó desmembrada en tantas piezas como expedientes de ayudas se concedieron por la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009. La división la decidió la juez Núñez Bolaños en 2015 una vez llegada al juzgado tras la salida de Mercedes Alaya a la Audiencia de Sevilla. En el despiece, la causa ahora juzgada se denominó del «procedimiento específico». Es la que debía valorar si la Junta creó un sistema irregular para conceder sin control ayudas sociolaborales, por eso implica a la cúpula política gobernante en aquellos años. Esta pieza fue instruida por Alaya y rematada por el juez sustituto Álvaro Martín que la remitió a la Audiencia. El resto de las piezas son tantas como ayudas se concedieron con el referido sistema, un total de 182.
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Según un informe que elevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la Fiscalía Anticorrupción, Núñez sólo ha acabado la instrucción de cinco de esas 182 piezas abiertas.
Investigación
Ese es uno de los motivos por los que la actual titular del juzgado que juzga las macrocausas que instruyó inicialmente Alaya está investigada por el CGPJ. Todos los fiscales Anticorrupción de Sevilla denunciaron a la juez María Núñez Bolaños por desatender los casos y generar retrasos injustificados en las macrocausas «con evidente perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administración». No es la única investigación abierta sobre la juez Núñez. La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla examinará su tesis doctoral, tras informar ABC de que buena parte de la misma fue plagiada de otros autores.
La juez Núñez sigue de baja médica. En su lugar el juez sustituto, José Ignacio Vilaplana está dando un impulso a la instrucción y cerrado varias piezas.
Un giro en la instrucción
El sentido y contundencia de la primera sentencia del caso ERE podría tener efectos en los juzgados. A la espera de la resolución del CGPJ sobre la inspección a la juez Núñez, y lo que depare la situación laboral de la magistrada, los 1.821 folios del tribunal dejan en evidencia la línea argumental que ha seguido Núñez en su instrucción de las piezas. Tesis con la que archivó varias que le fueron devueltas por la Audiencia Provincial para su reapertura tras los correspondientes recursos de la Fiscalía o la acusación.
Núñez ha calificado a los beneficiarios de los ERE como «víctimas» en sus autos mientras la sentencia de la Audiencia confirmaba rotundamente que el «beneficiario real» de las ayudas eran las empresas y no los trabajadores. Es más, añade que el sistema fraudulento permitía el «enriquecimiento de empresas» a través del ahorro de gastos, y de terceros (comisionistas, aseguradoras...), ajenos a cualquier interés social o público debidamente acreditado. Y todo ello sin que se exigiera un informe económico que acreditara que las empresas beneficiarias podían pagar por si mismas las ayudas que solicitaban –a veces ni siquiera consta la solicitud– a la Junta.
La dimensión del fraude
Al caso ERE se añaden otras causas abiertas por el juzgado 6 y otros que investigan la corrupción en la Junta de Andalucía durante buena parte del amplio periodo de gobiernos socialistas. En la mayoría se investiga similar «modus operandi» para otorgar ayudas sin control.
Al caso ERE se suman los de Invercaria, los avales de la Agencia Idea, las facturas falsas de UGT y los casos Marismas, Delphy , Bahía Competitiva o la gestión de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en el que se incluye la investigación de los gastos realizados en prostíbulos con cargo a los fondos públicos mediante tarjetas de la Junta de Andalucía.
La suma de los fondos de todas estas causas que se amontonan en los juzgados sevillanos llegaría a los cinco mil millones de euros, lo que supone prácticamente la mitad del presupuesto anual dedicado al sistema público de Salud en el presupuesto de la Junta de Andalucía.
