Destrucción «no habitual»
Seis preguntas que avivan la quema de documentos de la Junta de Andalucía en un descampado
La oposición critica los hechos mientras el PSOE y el Gobierno andaluz insisten en que «no hay tema»
Las explicaciones oficiales sobre la quema de documentos de la Junta de Andalucía en un descampado dejan muchas interrogantes. Mientras la oposición critica los hechos, el Gobierno andaluz insiste en que «no hay caso» y culpa de la polémica suscitada al PP, que denunció los hechos. Pero los rescoldos de la quema de documentos dejan muchas preguntas en el aire. Estas son sólo algunas.
¿Es habitual la quema de documentos de la Administración de forma incontrolada?
El hecho es impropio en una administración que tiene regulada la gestión de sus archivo y la destrucción de documentos. No hay ninguna explicación oficial consistente sobre por qué se elige destruir material de la Junta mediante la quema incontrolada en un espacio público. Infringe la normativa sobre reciclaje de residuos, algo impropio de una administración que hace gala de su rigor medioambiental. No consta que se comunicara la misma a las autoridades municipales ni a los servicios de extinción de incendios. La Oficina del Portavoz del Gobierno no ha dado explicaciones de por qué no se encargó esta gestión a una empresa especializada en destrucción de documentos.
¿Por qué los trabajadores eligieron ese lugar para quemar documentos?
Según la versión oficial desestimaron llevarlo al «punto limpio» porque temían generar allí un incendio por el material acumulado. La explicación, además de arrojar serias dudas sobre la eficiencia de los puntos limpios municipales, no convence. La Junta no puede aceptar sin más la decisión de sus trabajadores de hacer una fogata como alternativa a la entrega del material a destruir en el punto limpio. Los puntos limpios están capacitados para gestionar estos residuos, pero no aceptan documentos que puedan vulnerar la norma sobre protección de datos y tienen regulada la identificación del material que se entrega. La Junta asegura que el lugar de la quema eran terrenos de «su propiedad» e insiste en que es muy difícil acceder a ese solar, «por donde no pasa nadie», oculto a la vista —excepto para los viajeros del metro, desde donde se hizo la foto origen de la denuncia— y al que hay que saber llegar. La propia Policía Autonómica reconoce que tuvo que pedir asesoramiento a un vigilante de la Universidad Pablo de Olavide. Se trata de un espacio público entre el río Guadaíra, la vía del tren y un Centro Fitosanitario, por tanto un lugar no apto para quemar documentos.
¿Sólo se quemaron folletos?
El informe de la Policía Autonómica solo hace mención del material que se podía identificar en los restos del fuego (una caja vacía, folletos informativos de desarrollo rural y el resto de un cartel informativo). Se obvia que a simple vista también hay restos metálicos de archivadores y alambres, así como tacos de papel folio calcinados.
¿Cuántos fuegos se han producido en ese lugar?
En la zona hay restos de más de una decena de fogatas similares. Según el PP, miembros de su grupo desplazados hasta el lugar comprobaron que ayer seguía ardiendo documentación. Las fotos que acompañaron a la denuncia del PPson del pasado viernes. La policía refiere que durante su inspección el martes había todavía dos restos de fogata «echando humo». El lunes llovió intensamente en Sevilla.
¿Qué cantidad de folletos edita la Junta?
Si el motivo de la quema de «folletos obsoletos» fue desalojar un almacén para ahorrar su alquiler se deduce que la Junta se excede en generar este tipo de material con el consiguiente coste de producción y almacenamiento —durante «ocho años»—, como para tener que deshacerse del mismo con fuego.
¿Por qué la Junta no ha abierto expediente a los empleados responsables?
La Junta apunta que la quema fue una decisión de «los trabajadores» encargados de deshacerse del material pero, según fuentes de la Oficina del Portavoz del Gobierno, no ha abierto ni tiene intención de abrir un expediente informativo a esos empleados públicos por no seguir el protocolo de actuación. De hacerlo tendría que indagar en la escala de responsabilidades. Y habría que responder a otras preguntas:¿quién ordenó destruir el material y por qué permitió que se quemara?
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