Corrupción
La Sección Tercera de la Audiencia juzgará a la antigua cúpula de UGT Andalucía por defraudar 40 millones en ayudas
El ponente de la sentencia será Ángel Márquez, que presidió el tribunal que condenó a cuatro ex altos cargos socialistas por una red paralela de enchufes en la Junta
Empieza la cuenta atrás del juicio que sentará en el banquillo al anterior secretario general de la UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, otros cuatro exresponsables del sindicato y diez proveedores en el caso de las supuestas facturas falsas. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla será la encargada de juzgar a los quince acusados de urdir una trama para financiar de manera irregular a la organización con el desvío de 40,75 millones de euros en subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía para la formación de parados y trabajadores.
El ponente del tribunal y encargado de redactar la sentencia será el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, Ángel Márquez Romero , de acuerdo con el turno establecido, según informa la letrada de la Administración de Justicia (antigua secretaria judicial) en una diligencia de ordenación dictada el pasado lunes 24 de mayo, a la que ha tenido acceso ABC .
En dicha diligencia, la Sección Tercera hace constar que ha recibido los autos dictados por el juzgado instructor de la macrocausa de las supuestas facturas falsas abierta en 2013 a raíz de las revelaciones de distintos medios de comunicación , entre ellos ABC, por el supuesto endoso irregular de estas ayudas entre los años 2009 a 2013. Los exdirigentes sindicales serán juzgados por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 26 años de prisión y 200 millones de multa para la antigua cúpula de UGT Andalucía por desviar 40,7 millones de euros.
El sumario también ha llegado ya a la sala que enjuiciará a la antigua cúpula sindical. Está repartido en 17 tomos, tres piezas de situación personal , una pieza separada de documental médica, otra de testimonio y 19 piezas de responsabilidad civil. «Queda pendiente de examen de prueba y señalamiento del acto del juicio oral», especifica la resolución, contra la que cabe interponer un recurso de reposición.
El sindicato, responsable civil subsidiario
El juez instructor, Juan Jesús García Vélez, ha incluido en la causa al sindicato como responsable civil subsidiario . El pasado mes de julio ordenó que en el plazo de cinco días la organización que ahora dirige Carmen Castilla señalara los bienes de su propiedad sobre los que «trabar embargo» en una cantidad suficiente para cubrir los 40,28 millones de euros de la fianza impuesta como «responsable civil subsidiario» del supuesto desvío de subvenciones de la Junta de Andalucía para la formación de parados y trabajadores.
El sindicato habría utilizado para el fraude un sistema de facturas falsas y alquileres ficticios de aulas donde se impartían cursos , según el auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, que cuantificó el supuesto fraude en 40,75 millones de euros.
La letrada de la Administración de Justicia también ha ordenado devolver al instructor las piezas de responsabilidades civiles relativas a Deseada Fernández Amador y Enrique Emilio Goicoechea «a fin de que proceda a la subsanación de los defectos advertidos en los Registros de la Propiedad y Bienes Muebles a fin de efectuar la anotación registral de los embargos acordados».
El magistrado Ángel Márquez presidió el tribunal que condenó recientemente a tres exdirectores generales de Trabajo, dos exsecretarios generales técnicos y un empresario por el denominado caso Umax. Se les acusaba de crear «una estructura administrativa paralela» en la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo por la que se contrató a trabajadores de la empresa Umax, muchos de ellos con relación «de amistad y vecindad» con los ex directores generales Francisco Javier Guerrero, ya fallecido, y Juan Márquez, para hacer tareas reservada a funcionarios.
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