Santana Motor, otro caso de corrupción de la Junta con imputados
La juez Núñez cita a tres exaltos cargos y a tres exresponsables de la antigua fábrica
A la Junta de Andalucía le acaba de explotar otra bomba judicial con efecto retardado por la supuesta corrupción de los antiguos responsables autonómicos. El caso Santana se suma ahora a la larga lista de los sumarios (ERE, Faffe, Invercaria y Avales ) con ex altos cargos de la Junta investigados, como antes se llamaba a los imputados.
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A petición de la Fiscalía Anticorrupción, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla , María Núñez Bolaños, ha llamado a declarar el próximo 3 de septiembre en calidad de investigados al exconsejero de Innovación Martín Soler , a los exdirectores generales de la Agencia IDEA Jacinto Cañete y Antonio Valverde Ramos y al expresidente de Santana Motor Bienvenido Martínez . También cita en el juzgado a Carlos García Malo y José Enrique Bravo , dos exresponsables de la fábrica automovilística de Linares propiedad de la Junta de Andalucía que cerró sus puertas en 2011 tras invertir en ella más de 500 millones de euros.
Dinero sin recuperar
Esta investigación, que la instructora reabrió a los 18 días de haber acordado su archivo provisional, se centra en averiguar si el Gobierno andaluz incurrió en un delito al alterar un convenio para convertir un crédito de 36,1 millones de euros concedido a la desaparecida fábrica jiennense en una ayuda a fondo perdido. Como consecuencia de ello, el dinero público nunca se recuperó en las arcas públicas.
Mediante un auto del pasado 27 de febrero al que ha tenido acceso ABC, la juez requiere a la Agencia IDEA , dependiente de la Consejería de Economía, que informe sobre su porcentaje de las acciones de la factoría que tenía y los períodos. La agencia que ahora dirige Fernando Casas Pascual, antiguo director de Presupuestos del anterior Gobierno andaluz, deberá detallar la cuantía que ha recibido Santana Motor a través de préstamos participativos y el dinero que ha devuelto, así como sobre la situación económica que tenía la compañía en el momento que se firmó el convenio específico y los contratos de préstamos participativos, haciendo hincapié en el acuerdo de disolución y liquidación adoptado por la junta general de accionistas el 21 de marzo de 2011. Una vez recibida esta documentación, la magistrada decidirá si encarga un informe pericial, como solicita el ministerio público.
La juez reabrió el caso después de que los letrados del PP andaluz Lourdes Fuster y Luis García Navarro recurrieran el archivo y pocos días después de recibir un contundente informe del Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional. Los agentes concluyeron que «al menos parte del préstamo no fue utilizado» para la finalidad prevista, que era el desarrollo tecnológico y la fabricación del vehículo todoterreno, el llamado Massif. Este era el objetivo recogido en un convenio firmado en 2009 entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta y la agencia autonómica IDEA.
El acuerdo establecía que la consejería concedía un préstamo reintegrable a IDEA de 36,1 millones de euros para que ésta a su vez se los prestase al Grupo Santana, propiedad al 99,9% de la Junta. El caso Santana estalla a raíz de que la Intervención de la Junta emitiera un informe alertando de un posible menoscabo de fondos al percatarse de que el crédito autorizado por el Consejo de Gobierno pasó a ser una «entrega de fondos sin contraprestación» por parte de Santana.
La acusación popular ejercida por el PP andaluz pidió que el archivo fuera revocado por «falta de motivación» a la vista de los indicios que figuran en el atestado policial. Además, esta parte pidió que se llamase como investigados al exconsejero Martín Soler y a otros cinco cargos de la agencia IDEA.
