La Consejería de Salud creará un nuevo macro instituto para integrar todas sus fundaciones
Dudas y malestar dentro y fuera del Gobierno andaluz por el plan de unificación que blindaría a 800 empleados de los entes instrumentales
Polémica, incertidumbre y muchas dudas tras la proposición de ley presentada por el Partido Popular en el Parlamento andaluz: una iniciativa elaborada por el grupo parlamentario con el aval de la Consejería de Salud y Familias que, pese a no haber sido debatida aún, ha generado un enorme revuelto en la comunidad y que consiste en la creación de supraorganismo que absorbería todos los entes sanitarios de la llamada «administración paralela» de la Junta de Andalucía.
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Bajo el paraguas del futurible Instituto Andaluz de Salud , todos los entes instrumentales del ámbito sanitario quedarían adscritos a un mismo órgano. Y ello sin perjuicio para el personal que actualmente trabaja en todas las instituciones que lo compondrían, un hecho que, por otro lado, contradice las intenciones originales del Gobierno del PP y Ciudadanos, que se conformó con la promesa electoral de reducir el volumen de la red paralela.
Estabilidad del personal
El documento presentado por los populares, al que ha tenido acceso ABC, sostiene que se «garantizará y dará estabilidad al personal que se encarga e involucra en la generación del conocimiento y tecnología en salud en Andalucía, permitiendo una red de recursos humanos capacitad, de alta cualificación». Sin conocer con exactitud las implicaciones que tendrá el cambio, y a pesar de las pretensiones de «racionalizar» el gasto, todo apunta a que la fusión de entes supondrá el blindaje de unos 800 trabajadores.
La iniciativa popular ha generado suspicacias y «malestar» incluso dentro del propio Ejecutivo autonómico, tal y como ha podido corroborar este periódico por fuentes internas. Por otro lado, fuentes sindicales señalan que en las reuniones mantenidas hasta la fecha se ha propuesto que los empleados que en este momento trabajan en los entes implicados pasen de ser personal laboral a tener condición de personal estatutario, prácticamente funcionario, lo que requeriría, al menos en la teoría, de un prueba de acceso.
La ley planteada supondría concretamente la fusión de tres entes: la Secretaría General de I+D+i de la Consejería de Salud, la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y la Fundación Progreso y Salud, que a su vez se compone de otros tantos organismos que fueron unificados en 2011, con un importante peso investigador de Granada. Este anuncio ha generado un enorme revuelo en la provincia granadina, canalizado en la defensa de la internacionalmente reputada EASP, en activo desde 1985, pero que también afectaría a otras instituciones con sede allí, como la fundaciones Genyo o Fibao.
El PSOE, que denunció hace unos días las pretensiones de los populares, han manifestado sus dudas al respecto
Para intentar aplacar la polvareda, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, aseguró ayer que los cambios anunciados no mermarán la vinculación de la EASP con Granada : al contrario, «saldrá reforzada tras esta reestructuración». Defendió que el Gobierno se encontró una Consejería de Salud «muy grande, pero muy atomizada, con escuelas, fundaciones, institutos o agencias», que ahora pretende racionalizar mediante su ordenación en el futuro Instituto Andaluz de Salud. Sin embargo, el PSOE, que denunció hace unos días las pretensiones de los populares, han manifestado sus dudas al respecto. «Nos preocupa», apuntó en declaraciones a este periódico la exconsejera y ahora parlamentaria andaluza María José Sánchez Rubio.
«Habría una pérdida de identidad», lamentó: «Se lleva trabajando en la provincia desde hace mucho tiempo en la investigación biomédica, vinculada a la Universidad de Granada y al Parque Tecnológico de Salud… Y ahora, ¿cómo lo van a articular? ». Su compañero de bancada, el socialista José Fiscal, insitió en que «hay motivos más que sobrados para la preocupación».
Una preocupación compartida con el sindicato CCOO, que lamentó lo que supondrá la «pérdida» de la EASP, «un prestigioso organismo que lleva desde 1985 funcionado de forma independiente» , como están defendiendo los propios trabajadores de la escuela, con los que el pasado lunes se reunió el portavoz del Grupo Popular, José Antonio Nieto, para tratar de calmar los ánimos. El debate está servido.
La creación de un nuevo ente contrasta con el discurso del «Gobierno del cambio», que prometió eliminar «entes superfluos» y «organismos creados por el socialismo». Una de sus primeras decisiones fue el encargo a la Intervención de la Junta de doce auditorías que no han surtido ningún efecto. Hace un mes puso en marcha la contratación de auditorías privadas para analizar todo su sector instrumental, un compromiso que le arrancó Vox a cambio de apoyar los presupuestos de 2020.
Fundaciones «fantasma»
A la Junta le está costando recortar su «administración paralela». En las cuentas de 2019 mantenía en proceso de extinción 18 entidades, siete de ellas sin actividad desde hace años. Casi un año después, según los presupuestos de 2020, sólo han desaparecido seis.
Dos de las fundaciones «fantasma» que siguen sin liquidarse dependen de la Consejería de Salud. Una es la Fundación Pública Andaluza Rey Fahd Bin Abdulaziz, creada en 1998 para «la promoción de la investigación científica y el desarrollo y perfeccionamiento profesional en el ámbito del hospital Costa del Sol». La otra entidad pendiente de liquidación es la Fundación Pública Andaluza Hospital San Rafael.
