Remodelación en la Junta de Andalucía
Bendodo asume la política digital y Economía gestionará Veiasa
Moreno firma el decreto que reorganiza las competencias del Gobierno andaluz
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, firmó ayer el decreto que reestructura las competencias del Gobierno, y que renombra algunos de los departamentos. Juan Bravo pasa a ser consejero de Hacienda y Financiación Europea y Rogelio Velasco lo será de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.
La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, dirigida por Elías Bendodo, asumirá a partir de ahora la política digital. Aunque para el gran público pasa desapercibida, se trata de un aspecto esencial para el funcionamiento de la administración autonómica (es la dirección encargada de dotar de medios informáticos a un conglomerado con 270.000 funcionarios). En este momento las competencias estaban divididas: Hacienda tenía Transformación Digital, Presidencia gestionaba «Gobierno Abierto» y Economía controlaba la empresa pública Sandetel. A partir de ahora será Bendodo quien tenga bajo control una dirección que aglutinará estas tres áreas (política digital, gobierno abierto y Sandetel). Bendodo también controla Función Pública (que sería el equivalente a la dirección de recursos humanos de la Junta). Como ya han hecho Madrid o el País Vasco, la Junta podría crear así una gran oficina de Transformación Digital. Presidencia también asumirá la coordinación de las políticas migratorias, que las cede el vicepresidente Juan Marín.
Otro campo en el habrá cambios sustanciales es el de las empresas públicas. Sandetel sale del perímetro de Rogelio Velasco, pero éste asume la dirección general de Industria y Minas. Esto, en la práctica, convierte a Rogelio Velasco en el principal interlocutor del Gobierno andaluz con el mundo de la empresa, y además propicia la llegada de Veiasa, la «joya de la corona», la empresa que realiza las ITV en Andalucía, con un beneficio anual cercano a los 20 millones de euros. En su momento Juanma Moreno argumentó que las empresas que no prestan servicios públicos esenciales podrían ser objeto de venta. Uno de los pocos activos con los que realmente se puede hacer caja es precisamente Veiasa, aunque por el momento no se ha dado ningún paso en ese sentido.
Fondos europeos
Juan Bravo se repliega en Hacienda. Tras realizar la reforma fiscal, aprobar los dos primeros presupuestos del Gobierno del Cambio y cuadrar el déficit, a Bravo le había llegado la hora de desplegar sus competencias en industria y energía. La crisis del covid ha cambiado las prioridades, ya que ha convertido en papel mojado los presupuestos de 2020, al tiempo que será una prioridad negociar el reparto del fondo de reconstrucción de la UE. De esta manera, Hacienda integra las competencias de fondos europeos (que vienen desde Economía) y deberá centrarse en la gestión económica de la crisis y la obtención de fondos para la recuperación. También tendrá un papel relevante la gestión del patrimonio, donde está en marcha una política muy ambiciosa de enajenación de activos inmobiliarios.
El decreto confirma que «existirá el Comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético, que será de nueva creación», cuyas competencias asume directamente el presidente de la Junta aunque técnicamente estará vinculado a Presidencia, consejería a la que se mantienen adscritas las Delegaciones del Gobierno de la Junta. Controlará también la Agencia de la Energía. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible conserva sus competencias «salvo las atribuidas a Presidencia en relación con este comisionado».
La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo que dirige Rocío Blanco mantiene sus competencias y suma «las hasta ahora ejercidas por la Consejería de Igualdad en materia de juventud», así como se adscriben a la misma el Instituto Andaluz de la Juventud y la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil.
Como se había anunciado, Salud y Familias se encargará de «las competencias en materia de centros residenciales de mayores actualmente atribuidas a la Consejería de Igualdad , Políticas Sociales y Conciliación», si bien será «hasta el momento en que el Gobierno de la Nación declare la finalización de la situación de crisis sanitaria.
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