Refuerzo de 1.200 trabajadores en las residencias y los centros de menores de Andalucía

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha asegurado la prestación de sus servicios durante el estado de alarma con la incorporación de un refuerzo de personal que llega a los 1.200 efectivos como medida para paliar la demanda, tanto en la cantidad como en la intensidad, de los colectivos a los que atiende, con énfasis en el de las personas mayores por ser la población más vulnerable al coronavirus.

De ellos, 244 se han incorporado a través de reasignación de personal de la propia Consejería de Igualdad y de la Consejería de Educación y Deporte, que no podían ocupar sus puestos de trabajo habituales ante la declaración del estado de alarma y el cierre decretado de determinados centros. Junto a ellos, mediante contrataciones de emergencia, se ha reforzado con 956 trabajadores y trabajadoras la atención a estos centros.

La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz , destaca que en la gestión de esta crisis se han adoptado diversas iniciativas para «paliar la posible falta de profesionales de los centros residenciales que se pudiera dar, debido a los altos porcentajes de bajas por incapacidad temporal».

Así, además del refuerzo de personal, Ruiz explica que con respecto a los centros de mayores se estableció mediante un formulario web un seguimiento del porcentaje de las bajas por incapacidad temporal con el fin de evitar que se produjeran riesgos en la continuidad del servicio o un posible incumplimiento de la normativa que han de seguir estos centros.

Además, han articulado con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) un nuevo procedimiento de intermediación para agilizar la tramitación de las ofertas públicas de empleo, «eliminando trabas burocráticas y simplificando los tiempos de tramitación de las mismas. Gracias a esta medida, hemos optimizado la búsqueda de personal en el sector de atención a las personas mayores, garantizando así el servicio y la calidad del mismo», asegura la consejera.

También, con el fin de evitar una «posible migración masiva» de trabajadores sanitarios que ocupan puestos en residencias de mayores al Servicio de Andaluz de Salud (SAS), han acordado que este organismo «no solo no les penalice, sino que les puntúe como si se hubieran incorporado, en el caso de que éste los reclame y no se incorporen a la sanidad pública».

«Desde la Consejería que dirijo nos hemos anticipado a los acontecimientos que se han ido sucediendo con medidas preventivas y proactivas, bajo las indicaciones, como no puede ser de otra manera, de las autoridades sanitarias», concluye.