Vox quiere saber si la Junta de Andalucía ha dado a la juez los datos del ERE del Grupo Joly

El grupo parlamentario de Vox ha registrado dos preguntas en el Parlamento de Andalucía sobre diversos asuntos relacionados con el caso ERE y la información que la administración andaluza tiene que entregar en los juzgados. En una pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno y dirigida al Consejo de Gobierno, el portavoz de Vox, Alejandro Hernández Valdés , quiere saber si la Junta ha remitido al juzgado de Instrucción número 6, del que es titular María Núñez Bolaños, la documentación requerida en relación con el llamado ERE del Grupo Joly, relativa a la concesión irregular de una ayuda de 8 millones de euros para prejubilar a extrabajadores de la compañía editora de prensa.

Asimismo, Vox también quiere conocer qué seguimiento está realizando la Junta de Andalucía en relación con el supuesto fraude de la UGT en la concesión de subvenciones por parte de la Junta de Andalucía. En concreto, pregunta por el seguimiento al caso que lleva el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla.

Para canalizar las ayudas los empleados del Grupo Joly, editor de cabeceras como Diario de Sevilla y Diario de Cádiz, crearon la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz. La Consejería de Empleo le concedió las ayudas sociolaborales sin publicidad ni libre concurrencia y sin que se acreditara que cumplían los requisitos de edad para recibir los fondos los 36 empleados afectados por el expediente de regulación de empleo del grupo.

El informe pericial que encargó la anterior instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, analizó la documentación «incompleta, fragmentaria» que componía este expediente. Entre la información evaluada por los peritos de la Intervención del Estado, figura un escrito, «firmado pero sin fecha», que el entonces director general de Trabajo, Javier Guerrero, «dirige al denominado Grupo Joly », a la atención del presidente de este grupo editor.

En la carta explicaba que «tras las reuniones mantenidas por esta Dirección General con la Dirección de Grupo Joly y con la representación de los trabajadores de Diario de Cádiz y de Ingrasa (empresa impresora), en las que se ha analizado la situación laboral de estas empresas en relación tanto con las singulares circunstancias laborales y de creciente competitividad del sector de la prensa diaria, en general, como con las condiciones actuales de desarrollo y expansión del proyecto empresarial vinculado a Grupo Joly , en particular, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social manifiesta su compromiso de apoyo al plan de racionalización y modernización del referido grupo empresarial mediante la concesión de ayudas sociales a los trabajadores mayores de 52 años». La cuantía, en el citado escrito, se estimó «en el entorno de entre 6.500.000 y 7.000.000 euros, para un colectivo de entre 30 y 35 trabajadores». Sin embargo, finalmente Guerrero le concedió 8.050.276,10 euros .

En el auto del 5 de marzo pasado, al que tuvo acceso ABC, Núñez Bolaños «acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones y su archivo» a la espera de recibir informes en una pieza donde todavía no ha sido citado ningún investigado.

En el mismo auto, la juez insta por tercera vez a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz a entregar un atestado que ya solicitó, sin éxito, en junio y octubre pasados. También insta a la Junta a enviarle el expediente de las ayudas concedidas a los empleados de Joly por el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en el año 2004, así como los expedientes de reintegro tramitados o la novación del expediente mediante el decreto-ley de 16 de octubre de 2012, por el que el Gobierno andaluz regularizó las pólizas concedidas desde el año 2000 para poder seguir pagándolas. A estos expedientes dependientes de la Junta son a los que hace referencia la pregunta de Vox .