¿Quién persigue al consejero de Economía, Ramírez de Arellano?

El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) respondió ayer al archivo de la causa contra el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano , para recordar que el 27 de marzo de 2015 puso en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla una presunta vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público. El fiscal señaló como principal presunto responsable de los hechos al entonces vicerrector de Infraestructuras,Ramírez de Arellano. Cuando en julio de 2015 fue nombrado consejero de la Junta de Andalucía, el caso pasó a la Fiscalía Superior de Andalucía que investigó y presentó denuncia.

Sobre el auto de archivo provisional del juez, desestimando la acusación de la Fiscalía sobre Ramírez de Arellano, el COAS no tiene «ninguna objeción» , ya que su intervención se ha limitado «a cumplir con su obligación de poner en conocimiento de la Justicia unos indicios de hechos delictivos, sin acusar a ninguna autoridad o corporación».

En un comunicado difundido ayer, el COAS rechaza las críticas que le acusan de promover una «persecución contra servidores públicos» , sino que su interés es que se esclarezca si existen responsables, y quiénes son, la adjudicación presuntamente irregular de los contratos en cuestión.

Se trata del proyecto del edificio Centrius . El COAS reclama a la Universidad conocer cómo se adjudicaron los contratos de Arquitectura para la construcción del edificio, que ascienden en conjunto a más de 800.000 euros , entre proyectos y dirección de obras. Tras las primeras reclamaciones, que datan de 2009, no se ha podido conocer aún la totalidad del expediente , pese a una sentencia favorable del TSJA en 2013, por lo que el caso sigue abierto en la vía del Contencioso-Administrativo. Por esta razón, el Colegio puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Por último, en relación a las recomendaciones del consejero de cambiar su estrategia de denuncias, el COAS asegura que seguirá cumpliendo la legalidad y el mandato de sus estatutos al exigir que se cumpla la Ley de Contratos de las Administraciones, como «una de las misiones esenciales que tiene la institución para defender a sus colegiados».

El COAS ha planteado una docena de contenciosos contra la Universidad de Sevilla desde 2005. Algunos se solventaron por acuerdo entre partes y en dos ocasiones obtuvieron sentencia favorable. Son dos ejemplos de las 53 sentencias a favor que ha obtenido el Colegio tras en sus denuncias contra ayuntamientos, Diputación de Sevilla y organismos de la Junta de Andalucía por diferencias con las bases de contratación de estas administraciones en los últimos once años.