Ya se puede dejar por escrito cómo se quieren pasar los últimos días de vida

Los andaluces tendrán, a finales de este año, nuevos derechos sociales que deberá cubrir la Junta de Andalucía y que, en caso de incumplimiento, se podrán reclamar ante los tribunales. Así lo recoge expresamente la nueva Ley de Asuntos Sociales que el Gobierno andaluz ha aprobado como norma pionera y que ahora inicia su tramitación política ya que tendrá que debatirse en el Parlamento .

El texto distingue entre los derechos subjetivos, iguales para todos los andaluces y residentes en la comunidad así como los inmigrantes empadronados, y los condicionados a los informes de los servicios sociales y a la disponibilidad presupuestaria.

Y recoge una novedad digna de reseñar. Por primera vez, una ley garantiza el derecho de todos los andaluces a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en previsión de una capacidad limitada en el futuro.

Se trata de los recursos públicos dentro del sistema de servicios sociales que presta la Junta de Andalucía . El objetivo es que una persona sea cuidada al final de su vida en el entorno que desee y no termine en una residencia si, expresamente, dijo que no quería ese final pero ya no tiene capacidades suficientes para poder expresarlo.

Un avance que, sin embargo, tiene dificultades de aplicación según reconoció la propia consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio . La la consejera no fue capaz de precisar cómo se articulará este derecho y cómo va a garantizar la Junta los recursos económicos para una asistencia domiciliaria en lugar de una residencia pública, por ejemplo, si una familia no tiene medios económicos para atender a esa petición expresa.

La nueva normativa aprobada este martes es una promesa de la investidura de José Antonio Griñán (año 2012) y cuyo anteproyecto se aprobó en el pasado mes de junio de 2014, aunque hasta ahora el Gobierno no le ha dado el visto bueno definitivo para enviarlo al Parlamento.