PSOE y C’s impiden que declaren los ocho interventores de la Junta

La reunión de este martes se cerró con un acuerdo unánime pero ni aún así la comisión de investigación de los cursos de formación del Parlamento andaluz pudo librarse de la polémica. Porque el PSOE y Ciudadanos se opusieron a la comparecencia de los ocho interventores provinciales de la Junta de Andalucía ante este órgano, un veto que justificaron porque no estaba en el orden del día.

El PP inició la reunión solicitando la comparecencia de estos ocho funcionarios, que son los que han gestionado los expedientes de subvención de los cursos de formación para desempleados en cada una de las provincias . Los populares argumentaron que la comparecencia de los interventores debía ser el inicio de los trabajos de este órgano parlamentario para que los grupos puedan conocer cómo ha sido el sistema de concesión de estas subvenciones.

Una petición que buscaba la sorpresa y contó con el apoyo tanto de Podemos como de Izquierda Unida pero que se tropezó con el frente común que han formado PSOE y Ciudadanos en esta comisión.

Sí que se aprobó por unanimidad todas las solicitudes de información que han reclamado los diferentes grupos parlamentarios y ahora el Gobierno andaluz tiene diez días para entregar toda la documentación, que es muy exhaustiva. Los socialistas pusieron objeciones a algunas de estas peticiones — como la que solicitó IU sobre Delphi — pero el acuerdo sin fisuras del resto de los grupos parlamentarios obligó al PSOE a votar lo mismo que la mayoría.

Una vez que se analice esta información se iniciarán las comparecencias en la comisión, siguiendo así el criterio que defienden PSOE y Ciudadanos en contra del resto de los grupos que apuestan por simultanear ambos trabajos y no provocar más retrasos.

El PSOE andaluz —representado por los diputados Marisa Bustinduy y Rodrigo Sánchez— ha solicitado información sobre la gestión de los cursos de formación para el empleo en las comunidades autónomas de Galicia y Madrid, ambas gobernadas por el PP . En un intento de extender este escándalo y no circunscribirlo a Andalucía, los socialistas quieren también conocer los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid y el Consello de Contas de Galicia sobre estas subvenciones.