El PSOE y Ciudadanos buscan un golpe de efecto con la oficina antifraude

La presidenta de la Junta, Susana Díaz , está deseosa de dar buenas noticias y de presentar logros de gestión tras un inicio de año muy complicado con la crisis sanitaria y el conflicto con la educación concertada. Por eso tiene a su equipo trabajando en la puesta en marcha de la Oficina Antifraude que pretende anunciar a la mayor brevedad posible.

La realidad es que se trata de un compromiso del pacto de investidura que firmó con Ciudadanos, formación con la que están negociando desde hace semanas todos los extremos de esta oficina. Desde el punto de vista político, el Gobierno andaluz pretende convertirlo en su respuesta al caso de los cursos de formación , que se está desinflando en algunos juzgados y que están deseando dar por terminado en el Parlamento andaluz. Sería la muestra de la «sensibilidad» del Ejecutivo andaluz con unos asuntos que preocupan a los andaluces.

Precisamente, el portavoz de Ciudadanos, Juan Marín , preguntará a la presidenta en el próximo pleno del Parlamento, que será el jueves 16 de febrero, por la puesta en marcha de esta oficina contra la corrupción y el fraude. Sin embargo, el propio Marín adelantaba ayer algunos de los acuerdos que ya ha alcanzado con el Gobierno andaluz y con la consejera de Hacienda y Administración Pública María Jesús Montero.

El primer lugar, se regulará mediante un decreto y no mediante una ley como había prometido el PSOE en su programa electoral. Además, esta oficina no será un ente autónomo —tal y como habían pedido los partidos políticos de la oposición— sino que estará dentro de la estructura de los funcionarios de la administración. Se trata de un punto polémico ya que uno de los principales cometidos de la oficina será, precisamente, vigilar que no se produzcan prácticas fraudulentas en la gestión de la propia Junta de Andalucía, incluyendo también a los funcionarios.

La oficina antifraude estará coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Judicatura para perseguir las prácticas fraudulentas. Y lo hará no sólo en la administración general, sino también en los entes instrumentales que dependen de la Junta de Andalucía. Este es, precisamente, el principal argumento de Ciudadanos para defender su «política útil» y el papel que juega en Andalucía.

La nueva oficina servirá para poner el foco en la administración paralela cuya gestión permanece opaca a todos los controles públicos hasta la fecha. Esta es, al menos, la exigencia de Juan Marín que no consigue avances significativos en la reducción de estos entes instrumentales de la Junta a pesar de ser una de sus exigencias ante Susana Díaz.

Uno de los aspectos más polémicos es el de las denuncias anónimas. Ciudadanos pretende que la oficina antifraude también actúe cuando reciba denuncias anónimas de funcionarios. Eso sí, siempre y cuando haya unas mínimas garantías y protegiendo a los funcionarios que hayan podido destapar el presunto fraude.

El Gobierno andaluz procede con cautela en este asunto, dejando a la presidenta todo el espacio mediático para la presentación de esta oficina que se presenta como un logro.