XIV Congreso Regional del PSOE-A
El PSOE plantea restar poder a la Junta y dárselo a los ayuntamientos
La ponencia marco que se debatirá en el Congreso Regional propone también «prever un marco de consultas públicas» para asuntos de fuerte calado
El debate ideológico que el PSOE andaluz ha planteado con vistas al Congreso Regional de los próximos días 6 y 7 de noviembre tiene varios asuntos particulares y cargados de polémica según recoge la Ponencia Marco que ha elaborado la actual dirección del partido y que se someterá a votación en Torremolinos. Una de las cuestiones más llamativas es que en el documento se obvia el papel de Andalucía en España y se pasa por encima del modelo de Estado , un debate que siempre ha estado abierto entre los socialistas andaluces. ¿Significa eso que abandonan la bandera de Andalucía que siempre ha sido clave en sus políticas?.
El acuerdo del 40 Congreso Federal del PSOE que se acaba de celebrar defiende una España «multinivel », un término que chirría en esta comunidad autónoma que sigue defendiendo la Declaración de Granada de 2013 donde se planteaba una «España plurinacional», un concepto que planteaba la equidad entre los territorios y que consideraba que era la manera de integrar a Cataluña en el Estado. La ponencia marco, que ahora está en fase de enmiendas de los militantes en las provincias, mantiene la defensa de un cambio en el modelo de financiación autonómica y apuesta por el que aprobó el Parlamento andaluz a propuesta del PSOE y con el apoyo de todos los grupos políticos excepto de Ciudadanos.
Es más. La Ponencia marco va incluso más allá, planteando un fondo de «nivelación del gasto público total por habitante en función de las competencias transferidas», además de aumentar el Fondo de Compensación Interterritorial que está recogido en la Constitución.
Resulta relevante la propuesta que pretende fomentar las consultas públicas para asuntos «de fuerte calado y repercusiones sociales y económicas» previendo un marco de participación de los andaluces.
A lo largo del documento hay varios principios políticos que recortan, de hecho, las competencias de la Junta de Andalucía. Así, plantean que las decisiones de la Comisión Interterritorial de Salud «sean de obligado cumplimiento» para las comunidades autónomas, lo que supone renunciar a la autonomía en política sanitaria actual. Esa comisión, que dirige la ministra de Sanidad, es sólo un órgano consultivo y de debate pero las decisiones las toman los gobiernos autonómicos que son libres de aplicar o no las medidas que se decidan. Es cierto, sin embargo, que la mayoría de las comunidades acata lo que se ha decidido en esta comisión que sigue, además, las recomendaciones de los expertos.
La propuesta de la actual dirección socialista de Juan Espadas reclama que los impuestos de sucesiones y patrimonio «sean armonizados o directamente recuperadas todas sus competencias normativas por parte del Estado» . Un planteamiento que resta autonomía fiscal al Gobierno andaluz y que se suma a la que también plantean en otros impuestos. Los socialistas proponen también cambios en otro de los tributos cedidos, la cuota autonómica de la declaración de la renta (IRPF): «Conseguir la igualdad en la autonomía financiera de las comunidades autónomas y en su potencial cumplimiento de la responsabilidad fiscal, aun cuando ello pudiera suponer establecer diferentes porcentajes de cesión en el IRPF ».
De forma paralela, la ponencia marco del PSOE andaluz propone dar más poder a los ayuntamientos . Hay que recordar que una de las claves de la filosofía del «nuevo PSOE» de Juan Espadas es una vuelta al municipalismo. Así, plantean la creación de un «consejo de alcaldes y alcaldesas que se reunirá periódicamente con la presidencia de la Junta de Andalucía para coordinar actuaciones basadas en el principio de cooperación institucional».
En esta misma línea, proponen otorgar mayor capacidad fiscal para los ayuntamientos, ampliando la horquilla la entre las que poder elegir los tipos de los tributos locales , la posibilidad de que se salten las reglas de gasto, además de eliminar el límite de contrataciones de personal que puedan hacer los ayuntamientos.
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